Desde el lunes, las jornadas de violencia se radicalizaron en las ciudades de La Paz y El Alto cuando grupos de manifestantes realizaron sus protestas en ambas urbes. Organizaciones de periodistas condenaron la violencia de estos sectores contra el trabajo de los comunicadores y pidieron que se respete la libertad de prensa y el derecho al trabajo.
Un periodista es agredido por mineros en la calle Loayza de la ciudad de La Paz. Foto: Redes Sociales.
Fuente: ABI / La Paz
La tarde del jueves 14 de mayo, un periodista del Grupo Fides fue pateado, golpeado con un casco de minero y correteado por ejercer su oficio en el centro paceño; un día anterior, en El Alto, otros comunicadores fueron atacados con cables, piedras y hondazos cuando desarrollaban su trabajo.
Son ejemplos de un par de jornadas en las cuales la violencia tomó las calles de ambas ciudades y los periodistas sufrieron agresiones durante su trabajo.
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Desde el lunes, las jornadas de violencia se radicalizaron en las ciudades de La Paz y El Alto cuando grupos de manifestantes realizaron sus reivindicaciones en ambas urbes. Organizaciones de periodistas condenaron la violencia de estos sectores contra el trabajo de los comunicadores y pidieron que se respete la libertad de prensa y el derecho al trabajo.
“LA ACPI condena las agresiones y el hostigamiento de los que fue objeto un miembro de nuestra organización y un colega de un medio televisivo nacional durante la movilización de sectores campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y se oponen a las posibles medidas económicas que adopte su gobierno”, indicó la entidad en una nota de prensa.
El Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y la Confederación Sindical de Trabajadores de La Prensa de Bolivia se sumaron al pedido de ACPI. En un pronunciamiento conjunto repudiaron y condenaron las agresiones físicas y verbales contra los trabajadores de la prensa.
La Asociación de Periodistas de La Paz emitió un comunicado en el cual condena las agresiones a los trabajadores de la prensa y remarca que “la prensa tiene el derecho y el deber de informar a la población sobre los acontecimientos que tienen lugar en el marco de situaciones de conflictividad y ningún periodista puede ser considerado un ‘blanco’ de embestidas por parte de quienes llevan a cabo demostraciones de protesta ni por los integrantes de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el incremento de la conflictividad social en el país, situación que está derivando en hechos de intolerancia, hostigamiento y agresiones contra trabajadoras y trabajadores de la prensa.
