YPFB Refinación denunció un presunto daño económico de más de Bs 1.000 millones tras contratos adjudicados a Indueste para provisión de materia prima destinada a biodiésel. La estatal apunta a exdirectivos, cambios irregulares en reglamentos internos y decisiones judiciales que podrían frenar la recuperación de recursos públicos.
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La denuncia fue expuesta por Jorge Plaza, director de Auditoría Interna de YPFB Refinación S.A., y por Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales de la compañía, durante una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER. Ambos advirtieron que el caso no solo compromete a exejecutivos y exdirectores de la subsidiaria petrolera, sino que además podría derivar en graves pérdidas económicas para el Estado si el proceso judicial fracasa.
El contrato bajo sospecha
Según Plaza, el caso se remonta a abril de 2024, cuando durante la anterior administración se modificaron reglamentos internos vinculados a garantías y mecanismos de control. Esa flexibilización permitió que YPFB Refinación firmara dos contratos con Indueste por más de Bs 1.000 millones para el suministro de soya destinada a las plantas de biodiésel de Santa Cruz.
El problema, explicó, es que la estatal entregó de manera anticipada el 100% del valor de los contratos, pese a tratarse de convenios con vigencia de un año y sin garantías de respaldo.
“La empresa comenzó con incumplimientos y al final la compañía se quedó solamente con la entrega de esos mil millones bolivianos y un 18% de producto”, afirmó Plaza.
El directivo explicó que YPFB Refinación opera las plantas de biodiésel de Santa Cruz en representación de YPFB Corporación y que la soya era una materia prima esencial para el funcionamiento de esas instalaciones. Sin embargo, el contrato también incluía otro elemento considerado inusual: el precio pactado era fijo, pese a que se trataba de un commodity sujeto a constantes variaciones internacionales.
Investigación y ex directivos implicados
Saucedo sostuvo que la denuncia penal no apunta únicamente al incumplimiento contractual, sino a posibles delitos vinculados a la forma en que se desembolsaron los recursos públicos y a la presunta mala fe en la ejecución del contrato.
“No entregaron el producto y se quedaron con los 1.000 millones de bolivianos”, afirmó el abogado de la estatal, quien además cuestionó que la empresa no hubiera asegurado la compra de la materia prima ni devuelto el dinero recibido como anticipo.
Según explicó, la ausencia de garantías dejó a YPFB Refinación prácticamente sin mecanismos inmediatos para recuperar los recursos. “Lo que estamos haciendo es intentar recuperar esos 1.000 millones, pero no tenemos esas garantías”, advirtió.
La investigación también alcanza a exautoridades y funcionarios de YPFB Refinación que participaron en la modificación del reglamento de garantías y en la aprobación de los desembolsos. Saucedo mencionó entre los involucrados al entonces gerente general Miguel Ángel Colte y a exdirectores como Jaime Arancibia e ingeniero Márquez, además de otros trabajadores que participaron en el proceso.
“Lo que nosotros presumimos es que esta modificación se hizo exclusivamente para beneficiar a Indueste”, afirmó el gerente legal.
Riesgo judicial y daño económico
El proceso ingresó inicialmente a la vía penal, pero Indueste presentó una excepción de incompetencia que fue aceptada por la jueza Jimena Flores y posteriormente ratificada en apelación por la Sala Penal Primera. Esa decisión trasladó el caso al ámbito civil, situación que, según YPFB Refinación, dificulta la recuperación de los recursos públicos.
Saucedo advirtió que si el proceso penal no es restituido, las posibilidades de ejercer presión judicial para recuperar el dinero disminuirán considerablemente. Por ello, anunció la presentación de una acción de amparo constitucional para revertir esas resoluciones y devolver la investigación al Ministerio Público.
El caso se suma a una creciente lista de denuncias y cuestionamientos dentro del sector hidrocarburos, en momentos en que YPFB enfrenta presión financiera, caída de producción y exigencias de mayor transparencia sobre el manejo de recursos estatales.