El diputado Labardens, 68 años, fue golpeado hasta perder la consciencia en El Alto. Hoy lo trasladan a Santa Cruz con un coágulo en el cerebro.
Pero él tiene nombre en los titulares.
Los otros no.
El paciente con infarto que no llegó a tiempo. La embarazada que perdió a su bebé. El enfermo que no pudo ser trasladado. Víctimas silenciosas de los bloqueos, todos los días.
Nuestra Constitución es clara: el derecho a la salud es indeclinable. Los servicios de salud deben ser ininterrumpidos. La libre circulación es garantía constitucional.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Bloquear una ambulancia no es protesta. Es un delito.
Y tiene nombre legal: OMISIÓN DE SOCORRO AGRAVADA. Cuando un bloqueo impide el acceso a atención médica y eso provoca deterioro grave o muerte, la responsabilidad penal alcanza a quienes lo organizaron, financiaron y dirigieron — sin excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo establece con claridad: ninguna forma de protesta que atente contra la vida y la integridad física de terceros tiene amparo legal.
El Código Penal boliviano, en sus artículos 213 y 214, sanciona con privación de libertad a quienes interrumpan servicios esenciales y el libre tránsito. Y el proyecto de ley antibloqueos en debate en la Asamblea Legislativa propone hasta 30 años de cárcel cuando estas acciones causen muerte.
Impedir que alguien llegue a un hospital no es una medida de presión. Es un crimen.
Como médico con amplia experiencia lo digo sin dudas: un coágulo cerebral no espera negociaciones.
Una vida no se negocia políticamente.
La indiferencia ante esto es complicidad.
Documentá. Denunciá. Compartí. Exigí justicia.
La democracia se defiende con votos. La vida, con hechos.