La nueva norma redefine la fiscalización para la gasolina, diésel y jet fuel en medio de denuncias por carburantes adulterados y una creciente dependencia de importaciones. Se elevan las exigencias técnicas y análisis de laboratorio
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
El Decreto Supremo (DS) 5619 abre una nueva etapa en el mercado de combustibles en Bolivia. La norma aprobada por el Gobierno redefine los mecanismos de control y fiscalización para la importación, almacenamiento y comercialización de gasolina, diésel y jet fuel, en medio de cuestionamientos por la calidad de los carburantes y la incertidumbre sobre el abastecimiento.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La disposición establece un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes y apunta a elevar las exigencias técnicas en toda la cadena hidrocarburífera. El objetivo oficial es garantizar combustibles más seguros y eficientes, además de modernizar la supervisión estatal en un contexto donde Bolivia depende cada vez más de carburantes importados.
Sin embargo, especialistas y actores del sector consideran que el decreto mejora los controles técnicos, pero no ataca el problema estructural del abastecimiento: la creciente dependencia de las importaciones y la falta de dólares para sostenerlas.
Nuevas exigencias
El DS 5619 incorpora procedimientos de análisis de laboratorio obligatorios para combustibles producidos, importados, transportados y comercializados en el país. La norma alcanza a gasolina, diésel, jet fuel y kerosene. Entre las principales novedades figuran.
La toma de muestras en distintos puntos de la cadena de comercialización; controles técnicos más rigurosos; obligación de análisis de calidad en laboratorios propios o tercerizados; implementación de sistemas de filtración en estaciones de servicio; digitalización de procedimientos administrativos y fiscalización y sanciones económicas que pueden llegar hasta 200.000 UFV por infracciones muy graves.
El reglamento también fija parámetros mínimos de calidad, como un octanaje de 85 para gasolina especial y 91 para gasolina súper. Además, exige determinadas características físicas del carburante para evitar adulteraciones o combustibles fuera de especificación.
La decisión gubernamental surge luego de meses de denuncias de usuarios y transportistas sobre gasolina desestabilizada, presencia de sedimentos y daños mecánicos en vehículos.
“Rayar la cancha”
Para el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el DS 5619 funciona principalmente como una herramienta legal para “rayar la cancha” en la importación y venta de combustibles.
Ríos considera que la nueva normativa busca ordenar técnicamente el mercado y definir especificaciones claras para la compra de gasolina, diésel y jet fuel.
“El objetivo de un mayor control técnico es bueno, porque la población necesita certidumbre sobre la calidad del combustible que adquiere”, sostuvo.
El experto remarcó que la implementación de laboratorios y sistemas de filtración puede contribuir a mejorar la fiscalización, aunque advirtió que esas exigencias no deberían traducirse en costos excesivos para YPFB ni para las estaciones de servicio.
“El tema de las inversiones es delicado por la situación económica que atraviesan YPFB y los surtidores. Se debe encontrar un equilibrio entre control técnico y sostenibilidad operativa”, explicó.
El nuevo decreto ¿garantiza el abastecimiento?
La respuesta corta es no. Ríos enfatizó que el DS 5619 no resuelve el problema estructural de fondo: la dependencia boliviana de combustibles importados.
“La fiscalización puede mejorar la calidad, pero no garantiza el abastecimiento de diésel, gasolina o jet fuel”, indicó.
Bolivia importa actualmente una parte significativa de los combustibles que consume debido a la caída sostenida en la producción nacional de hidrocarburos líquidos. Ese escenario incrementó la presión sobre las reservas internacionales y elevó la vulnerabilidad del mercado interno frente a problemas logísticos y financieros.
El decreto tampoco resuelve las dificultades para acceder a divisas destinadas a la compra de carburantes en el exterior, factores considerados centrales por analistas energéticos.
Otro de los aspectos relevantes del nuevo reglamento es la creación de una estructura estatal de laboratorios especializados.
El Ministerio de Economía deberá transferir recursos al ente regulador para implementar laboratorios propios y tercerizar análisis mientras se consolida la nueva infraestructura técnica. El plazo previsto para que el sistema esté plenamente operativo es de hasta dos años.
La apuesta oficial es construir una red de control técnico más robusta que permita monitorear permanentemente la calidad de los combustibles importados, especialmente considerando la diversidad de proveedores internacionales.
En paralelo, las estaciones de servicio deberán implementar sistemas de filtración para retener impurezas y reducir riesgos de contaminación.
Fuente: El Deber