Una semana de protestas, bloqueos y enfrentamientos puso al país en alerta.
Fuente: Red Uno
Ximena Rodriguez
Bolivia atravesó una de sus semanas más tensas del año. Lo que comenzó como una serie de movilizaciones sectoriales por demandas económicas, laborales y sociales terminó convirtiéndose en un cerco político y vial que golpeó directamente a la población, paralizó carreteras estratégicas y puso en riesgo el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y atención médica.
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El conflicto tuvo como protagonistas iniciales al magisterio urbano y rural, organizaciones campesinas y sectores radicales vinculados al denominado “evismo”, que fueron escalando sus medidas hasta bloquear rutas clave del país. Según el documento revisado, las protestas surgieron primero con reclamos salariales y laborales, pero posteriormente derivaron en una presión política contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El inicio: maestros, campesinos y carreteras bloqueadas
El lunes 11 de mayo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ejecutó un paro movilizado de 24 horas, mientras el magisterio rural paralizó actividades durante 48 horas. Los educadores exigían incremento salarial acorde a la canasta familiar, jubilación con el 100% de aportes y mayor inversión estatal.
Sin embargo, el conflicto comenzó a radicalizarse cuando el magisterio rural abandonó las mesas de diálogo con el Ministerio de Educación y activó bloqueos en la carretera troncal, especialmente en Yapacaní, Montero y otros puntos estratégicos de Cochabamba.
A este escenario se sumó la Federación de Campesinos Tupak Katari, que bloqueó los ingresos a La Paz en rechazo a la Ley 1720. Aunque el Gobierno terminó abrogando la norma el 13 de mayo, los sectores movilizados cambiaron su pliego y pasaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según el reporte.
Alertas internacionales y luto en las rutas bolivianas
Ante la escalada de violencia en los puntos de cerco, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad el pasado 12 de mayo. La delegación diplomática instó a sus ciudadanos a evitar las zonas de conflicto, advirtiendo que los manifestantes solían reaccionar de forma violenta contra quienes intentaban circular.
La violencia cobró sus víctimas más graves el miércoles 13 de mayo, cuando se confirmaron dos fallecimientos en los puntos de bloqueo. Mediante un comunicado oficial, la Oficina del presidente Rodrigo Paz lamentó profundamente las muertes y denunció que las ambulancias y emergencias médicas no pudieron ser atendidas debido a la intransigencia de los manifestantes.
Destrozos materiales y cercos indefinidos
La tensión física se trasladó a las capitales el jueves 14 de mayo, cuando las instalaciones del Ministerio de Educación en La Paz sufrieron graves destrozos. Una lluvia de piedras y escombros lanzada por maestros rurales rompió los ventanales de la fachada, dejando destrozos materiales de gran consideración en pasillos y áreas verdes.
Mientras esto ocurría en la sede de Gobierno, el municipio de San Julián en Santa Cruz instaló un bloqueo indefinido que dejó varados a cientos de camiones cisterna y otros vehículos. Los movilizados de la región oriental ratificaron que no darían cuartos intermedios, agravando el desabastecimiento de carburantes y otros insumos.
El fallo constitucional que cambió el tablero del conflicto
El punto de quiebre jurídico llegó el viernes 15 de mayo, cuando la Sala Constitucional Segunda admitió una acción popular presentada por el exdiputado Amílcar Barral. El vocal José Sáenz determinó que el bloqueo absoluto de carreteras es ilegal y ordenó garantizar de forma inmediata los derechos a la salud, alimentación y libre tránsito.
“Se declara que el bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y vías estratégicas, entendido como cierre total, prolongado y violento de servicios esenciales, no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social”, sentenció el dictamen judicial. La resolución obligó a los huelguistas a diseñar de forma inmediata corredores humanitarios para el paso de asistencia crítica.
El amanecer del operativo ‘Corredor Humanitario’
Amparados en este mandato judicial, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas pusieron en marcha el operativo «Corredor Humanitario» a las 3:00 de la madrugada del sábado 16 de mayo. El despliegue conjunto avanzó de forma simultánea sobre las rutas críticas de La Paz, El Alto, Oruro, Copacabana y la zona de Río Abajo.
Las primeras horas de la intervención militar y policial se desarrollaron de manera pacífica en puntos estratégicos como Molino Andino y la avenida 6 de Marzo. Asimismo, las fuerzas del orden lograron limpiar los promontorios de tierra y las barricadas instaladas en la ruta hacia Los Yungas, restableciendo el flujo norteño de alimentos.
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Violencia en Puente Río Seco y Lipari
La paz del operativo se rompió en el Puente Río Seco de El Alto, donde grupos radicales intentaron reagruparse para resistir el avance de las fuerzas del orden. La Policía se vio obligada a utilizar agentes químicos para dispersar la turba, logrando arrestar a más de 20 personas que fueron remitidas a la FELCC.
En la requisa de Puente Río Seco, las autoridades hallaron mochilas abandonadas con ‘chicotes’, libretas de control de asistencia y bebidas alcohólicas como alcohol puro y singani. Por su parte, en Lipari, la violencia civil dejó tres policías heridos por pedradas y mantuvo atrapado temporalmente a un equipo de prensa periodística.
El análisis político tras la crisis de las carreteras
El impulsor de la medida judicial, Amílcar Barral, fue contundente al analizar los hilos políticos detrás de la convulsión social que sufrió el país durante la semana. El exdiputado afirmó que el Gobierno nacional tiene la obligación legal y las herramientas jurídicas necesarias para aplicar «mano dura» contra los responsables directos.
Barral denunció abiertamente que estas movilizaciones no son gratuitas ni responden a demandas sociales genuinas, sino que están financiadas con oscuros intereses políticos. Asimismo, apuntó directamente a Evo Morales como el principal interesado en convulsionar el territorio nacional para forzar su retorno al sillón presidencial.
Urgencia de sentar precedentes
En su análisis de cierre, el exparlamentario recordó que ya existen contundentes antecedentes penales de dirigentes encarcelados por bloquear de forma violenta el país en gestiones pasadas. Barral exigió la detención inmediata de los cabecillas de las protestas y de quienes financian el uso clandestino de dinamitas en las carreteras bolivianas.
«Si el Ejecutivo ejerce la autoridad que le confiere la ley y detiene a Evo Morales junto a los organizadores plenamente identificados, la convulsión en el país bajaría de inmediato en un 90%», concluyó con firmeza.