La demanda penal señala presuntos delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, conducta antieconómica, atentado contra servicios públicos y daño calificado en YPFB, en una subsidiaria y en la ANH.
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“Interponemos denuncia formal contra las personas individualizadas en la sección II de la presente, por los delitos de incumplimiento de deberes (art. 154 CP), falsedad ideológica (art. 199 CP), atentado contra la seguridad de los servicios públicos (art. 214 CP), conducta antieconómica (art. 224 CP) y daño calificado (art. 358 CP), todos del Código Penal Boliviano vigente”, se lee en la denuncia.
En el caso de la ANH, la denuncia incluye a 17 exfuncionarios entre ellos los exdirectores ejecutivos Germán Jiménez Terán y Joel Callaú Justiniano, junto a exdirectores de las áreas estratégicas de regulación de comercialización y redes de gas natural; regulación de derechos; distritos técnica y el área administrativa financiera.
Por parte de YPFB, la denuncia alcanza al expresidente ejecutivo Armin Dorgathen, el ex gerente de Comercialización Erik Echalar Orihuela y el actual gerente que desempeña funciones en ese cargo Nelson Mendoza, además de tres exgerentes de Productos Derivados e Industrializados. También fueron incluidos en la demanda los exejecutivos de YPFB Logística José Ajata y Hugo Nogales.
Desde la comisión de Diputados que investiga el caso, el legislador Rolando Kobayashi sostuvo que existieron fallas técnicas y de control dentro de las entidades encargadas de la importación y fiscalización del combustible.
“Había un cuerpo técnico que en realidad eran los que hacían el contrato, y eran los que compraban la gasolina, y eran los que solamente miraban cinco parámetros de calidad”, declaró y señaló que la Fiscalía debe responder ante la denuncia presentada por el Ministerio de Hidrocarburos.
El 11 de mayo el actual presidente de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó que las investigaciones técnicas detectaron tres causas estructurales detrás del problema de la gasolina desestabilizada. Según explicó, una de ellas fue un “vacío normativo grave” relacionado con el Decreto Supremo 4718 respecto a los parámetros de calidad aplicados a la gasolina base importada.
“Los contratos heredados usaban los mismos parámetros del producto terminado para comprar un producto intermedio. Esto fue un error estructural que viene desde gobiernos anteriores en la aplicación de los diferentes reglamentos de calidad”, afirmó.
La autoridad también señaló que entre 2023 y 2025 los tanques de almacenamiento operaron “prácticamente vacíos” debido a la crisis de divisas, situación que habría provocado oxidación y acumulación de sedimentos que posteriormente contaminaron el combustible.
Asimismo, indicó que a esto se sumó la detección de trazas de diolefinas en la gasolina importada, que según explicó el presidente de YPFB, son compuestos químicos inestables que generan gomas que dañaron los motores e inyectores.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos consideró que existió una “negligencia técnica” dentro de YPFB y la ANH debido a que se habría utilizado la misma especificación de calidad para importar gasolina base y para comercializar el combustible final al público.
“No es lo mismo una gasolina para comercializarla al público, que una que se importa como gasolina base a la cual hay que añadirle etanol. Aquí se ha traído una gasolina con otra especificación que es la que no debería ser. Esto tiene un origen en la anterior gestión de gobierno y también tiene responsables en esta gestión”, apuntó.
Ríos sostuvo que las entidades que debieron advertir el problema eran YPFB y la ANH, por tratarse de instituciones encargadas de la importación, comercialización y fiscalización de combustibles. “Aquí hay una cadena de mando en la cadena de compra, abastecimiento y comercialización de gasolina. Eso es lo que se tiene que investigar”, señaló.
El senador Branko Marinkovic, presidente de la comisión de investigación de hidrocarburos en la Cámara Alta, atribuyó el origen del problema al Decreto Supremo 4718 de 2022, norma que según afirmó redujo los parámetros de calidad permitidos para la importación de combustibles.
“Esto nace el 18 de mayo del 2022 con el decreto supremo 4718. El gobierno del expresidente (Luis) Arce junto con el expresidente de Yacimientos deciden bajar los parámetros de calidad en el combustible que se importa en el país mediante decreto”, afirmó y advirtió que la aprobación de esta norma podría derivar en un nuevo proceso contra el exmandatario y el gabinete que firmó el decreto observado.
SOBRE LOS ROLES
Resarcimientos
52,9 millones de bolivianos. Es el monto de dinero desembolsado por YPFB para el pago de compensaciones, desde el 25 de marzo hasta la primera quincena de mayo.
19.537 vehículos cubiertos. Es la cantidad de motocicletas y autos que accedieron al resarcimiento tras el análisis y la verificación de los daños reportados.
Investigaciones por la gasolina y contratos observados se activaron desde tres instancias del estado
Las denuncias por la calidad de la gasolina y presuntas irregularidades en su compra e importación derivaron en la activación de tres instancias paralelas de investigación en el país, impulsadas desde la Cámara de Diputados, el Senado y la Comisión de la Verdad II, que recientemente pasó de la Procuraduría a la Contraloría General del Estado para continuar el proceso.
La primera de estas instancias se conformó el 11 de febrero en la Cámara de Diputados. La comisión especial integrada por 11 legisladores, culmina su plazo de 120 días en junio. La misma investiga denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la compra de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de observaciones sobre la comercialización de carburantes de mala calidad.
De manera paralela, en esa misma fecha el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció la conformación de la denominada Comisión de la Verdad II. EL 25 de febrero de manera pública el director de YPFB Refinación Jorge Alberto Roca entregó la documentación sobre los contratos y adquisición de combustible a la Comisión de la Verdad y el procurador remitió esta información a la Contraloría.
El 25 de marzo, el Senado activó una última investigación centrada específicamente en el caso de la gasolina desestabilizada y los daños ocasionados a vehículos. Esta instancia tiene un plazo de tres meses para emitir un informe detallado de su investigación.
Funciones de YPFB
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos N° 3058, YPFB tiene la responsabilidad de la importación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles.
Funciones de la ANH
Debe supervisar toda la cadena de comercialización de combustibles, controlar la calidad del producto, verificar el cumplimiento de normas técnicas y ejercer control sobre estaciones de servicio y el transporte de carburantes.