El Comité Pro Santa Cruz denuncia una alianza entre el sindicalismo y el terrorismo que busca derrocar al Gobierno y desabastecer a las regiones.
Fuente: Red Uno
Ximena Rodriguez
La Asamblea de la Cruceñidad determinó declararse en estado de emergencia permanente ante la compleja crisis social y política que sacude al territorio nacional. El Comité Pro Santa Cruz denunció que el desabastecimiento ya golpea con fuerza a la sede de gobierno, afectando la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la dirigencia lamentó que los transeúntes sufran agresiones físicas en las calles, transformando el conflicto en un amedrentamiento total contra la población.
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Alianza delictiva y pedido de captura
«No se está lidiando con un grupo social normal, se está lidiando con un grupo de delincuentes a nombre del sindicalismo que hoy en alianza con el terrorismo está queriendo tomar la silla presidencial, está queriendo tumbar al gobierno», afirmó categóricamente Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.
El líder cívico instó al Órgano Ejecutivo a reaccionar con firmeza y a tomar decisiones urgentes basadas exclusivamente en el bien común de todos los bolivianos. Asimismo, la institucionalidad cruceña apuntó de manera directa contra los principales dinamizadores de los bloqueos y protestas violentas en el país. «El tema es que lo detengan a Mario Argollo, dirigente de la COB, porque gana más de 40 mil bolivianos al mes, ahí está haciendo desmanes, siendo pagado por no trabajar, por querer tomar el poder; hoy el país está inviabilizado», aseveró Zambrana.
Acciones judiciales y Estado de excepción
El vicepresidente cívico remarcó que el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben actuar para poner a los responsables de los disturbios ante un juez de forma inmediata. «Tienen que detener a los cabecillas, a quienes, a nombre del sindicalismo, el indigenismo, están usando estas etiquetas sociales, aquí hay narcotraficantes que están junto a estos señores», denunció, añadiendo que los implicados deben ser procesados por sedición y alzamiento armado.
Ante el riesgo inminente de que el caos se replique en otras regiones, el Comité Cívico planteó una salida constitucional drástica para contener la crisis. «Estamos entrando en un Estado anárquico en la sede de Gobierno, cuidado que se esparza al resto del país, por eso le hemos sugerido al presidente que vaya a un Estado de excepción sectorizado», concluyó Zambrana, confirmando además una marcha pacífica para este jueves en defensa de la democracia.