La profundización del conflicto en la sede de gobierno boliviana durante las últimas horas, caracterizada por la quema de oficinas de Derechos Reales, ataques en las proximidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el uso generalizado de dinamita y la toma violenta de instituciones públicas, obliga a la sociología política a abandonar el análisis puramente descriptivo para adentrarse en la mecánica del Estado, el monopolio de la violencia y la racionalidad estratégica de los actores en pugna.
Los excesos cometidos bajo un manto de impunidad en el centro de La Paz no son desbordes azarosos y responden a una lógica sociopolítica calculada que tensiona los límites de la gobernabilidad democrática, situando al gobierno ante un dilema clásico de la teoría del Estado.
Para responder hasta cuándo el Estado debe tolerar estos excesos y evaluar la sostenibilidad de la política de contención pacífica, resulta indispensable recurrir a Max Weber y su definición fundacional expuesta en La política como vocación (1919). Weber postula que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Cuando facciones de la sociedad civil ejercen una violencia patrimonial e institucional sistemática de forma impune, lo que se produce es una erosión directa de la soberanía estatal. La tolerancia prolongada de la destrucción de la propiedad pública y privada despoja al Estado de su cualidad de garante del orden legal, transformando el monopolio weberiano en un escenario de fragmentación del poder, donde grupos corporativos imponen su voluntad mediante la coacción fáctica.
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Desde esta perspectiva estrictamente institucional, el límite de la tolerancia estatal se alcanza en el preciso instante en que la acción de los manifestantes deja de ser una expresión de protesta —asociada al disenso democrático— y se convierte en una suplantación de la autoridad, donde el vandalismo busca neutralizar las funciones básicas de la administración pública.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de Rodrigo Paz a través de una estrategia de contención pacífica no debe interpretarse necesariamente como debilidad o inacción, sino como un cálculo derivado de la teoría del proceso político y la estructura de oportunidades analizada por Charles Tilly. En contextos de extrema polarización identitaria y corporativa como el boliviano, los sectores movilizados, aglutinados en la Central Obrera Boliviana, facciones agrarias y sectores leales al expresidente Evo Morales, operan bajo una lógica que los politólogos contemporáneos denominan la «estrategia de la provocación». El objetivo manifiesto de radicalizar la protesta mediante el vandalismo impune es forzar una reacción desproporcionada de las fuerzas del orden. Al buscar activamente la producción de víctimas, heridos o muertos, los líderes de la movilización intentan alterar drásticamente la «estructura de oportunidades políticas». La aparición de un mártir dota instantáneamente de legitimidad moral a una protesta que podría estar perdiendo apoyo ciudadano debido a los perjuicios económicos del bloqueo de rutas, permitiendo amalgamar a sectores indecisos y justificar la demanda última de renuncia presidencial.
Bajo esta óptica, la política de contención pacífica se erige como una muralla defensiva destinada a privar a los sectores movilizados del recurso político más valioso en el mercado de la protesta: la victimización. En términos de David Easton y su enfoque de sistemas políticos, el gobierno intenta evitar un «bucle de retroalimentación positiva» de la violencia, donde la represión estatal alimenta una mayor indignación social, ampliando la escala del conflicto hasta tornarlo inmanejable. La contención pacífica es sostenible únicamente si el Estado es capaz de disociar la fuerza del orden de la impunidad judicial. El gran desafío estratégico radica en aplicar lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu denominaba el «poder jurídico» y la violencia simbólica del derecho, vale decir, sustituir la represión física inmediata en las calles, que genera las deseadas imágenes de confrontación, por la judicialización posterior y sistemática de los autores materiales e intelectuales del vandalismo, utilizando registros audiovisuales y peritajes técnicos.
La sostenibilidad a mediano plazo de esta estrategia gubernamental padece de un desgaste crónico si no logra restablecer la autoridad. La tolerancia táctica para evitar muertos tiene un costo político altísimo: la alienación de las clases medias urbanas y de los sectores productivos que exigen seguridad jurídica y orden para desarrollar sus actividades. Si la contención pacífica es percibida de manera generalizada como una capitulación del Estado frente al avasallamiento, se corre el riesgo de incentivar la creación de grupos de autodefensa civil o la privatización de la seguridad, un escenario de anomia que destruiría la cohesión social.
Por consiguiente, el Estado no puede tolerar estos excesos de forma indefinida. La contención pacífica es una táctica legítima para desactivar la trampa de la victimización y el martirologio, pero deja de ser sostenible cuando la parálisis institucional y la destrucción del patrimonio público amenazan con disolver la viabilidad misma del gobierno.
La salida sociológicamente viable a este dilema no consiste en optar por la represión militar indiscriminada ni por la inacción claudicante, sino en el ejercicio de una coerción democrática focalizada, respaldada por la legalidad y combinada con una capacidad de negociación política que aísle a los núcleos radicalizados de sus bases sociales, demostrando que el Estado posee la fuerza suficiente para proteger sus instituciones sin necesidad de convalidar el libreto de violencia que sus detractores han diseñado.