Los movilizados en La Paz se enfrentaron con la Policía. Generaron caos, destrozos y saqueos. Foto: APG
El ministro de Planificación, Fernando Romero, afirmó que el Gobierno no dialogará con grupos que protagonizan hechos vandálicos durante las movilizaciones en La Paz y aseguró que las personas involucradas en actos violentos deberán responder ante la ley.
“Obviamente no nos vamos a sentar (a dialogar), y creo que nadie se quiere sentar con gente que, lo hemos visto ayer, las imágenes son elocuentes, son vándalos”, dijo en entrevista con La Razón.
‘Vándalos’
Romero sostuvo que el Goierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con organizaciones sociales y sectores que buscan soluciones a sus demandas, aunque diferenció esas reivindicaciones de las acciones violentas registradas en la sede de Gobierno.
“Nos vamos a sentar con todos los sectores para buscar soluciones, pero con gente que va por encima de la ley tiene que rendir ante la ley”, afirmó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ministro señaló que parte de la conflictividad actual responde a demandas sociales acumuladas durante años y a “promesas incumplidas” que, según dijo, no fueron atendidas por anteriores administraciones.
Fernando Romero
“Estamos viendo una situación de más de 20 años de reivindicaciones de muchos grupos sociales que no han sido atendidas”, sostuvo.
Sin embargo, aseguró que esas demandas habrían sido utilizadas por grupos con intereses políticos y “antidemocráticos”.
“Esto ha sido tergiversado y utilizado por otros grupos que tienen una agenda política y que son antidemocráticos”, afirmó el ministro.
Romero también defendió la estrategia del Gobierno frente a la crisis social y aseguró que el Ejecutivo seguirá apostando por el diálogo con sectores legítimos.
Conflicto
“Las oportunidades del diálogo siguen abiertas, las puertas siempre están abiertas”, remarcó.
Las declaraciones se conocen luego de los hechos de violencia en La Paz durante las movilizaciones impulsadas por sectores afines a la COB y organizaciones sociales, que dejaron heridos, daños a instituciones públicas, saqueos y ataques a policías y periodistas.
En las últimas jornadas, el Gobierno endureció su discurso frente a los hechos vandálicos y anunció procesos judiciales contra dirigentes y personas vinculadas a actos violentos en la sede de Gobierno.