El exembajador boliviano advierte que la narrativa del mandatario colombiano le hace un gran daño al país.
Fuente: Red Uno
Ximena Rodriguez
El exembajador boliviano Jaime Aparicio se refirió respecto a las declaraciones del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, respecto a los asuntos internos del país.
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El diplomático aseguró que “este caso es muy complicado, ha hecho lo mismo con Perú» y denunció que el presidente colombiano posee una «obsesión con hacer críticas a países que no comulgan ideológicamente con sus teorías, cruzando hoy todos los límites”.
La preocupación radica en el impacto internacional de estos discursos, los cuales validan relatos que, distorsionados en organismos como la CIDH, entre otros. Aparicio enfatizó que el mandatario colombiano afirmó falsamente que el pueblo se ha levantado y lo están matando, alertando que “si Bolivia no se defiende diplomáticamente, acaba pareciendo que se está matando gente, le hace un gran daño al país”.
Alianzas contra la desestabilización
En respuesta a la situación con Colombia, el canciller Fernando Aramayo denunció ante la OEA que las protestas, que ya cumplen 21 días, buscan la alteración del orden democrático.
Para contrarrestar esta situación, Aparicio sugirió una estrategia comunicacional agresiva: “sugeriría al gobierno mostrar un video de los actos de violencia que han ocurrido en Bolivia, eso hubiera sido muy gráfico para que los países vean lo que está pasando”.
Ante el complejo escenario regional, el respaldo de la comunidad internacional se vuelve fundamental para frenar las narrativas del socialismo del siglo XXI, según indicó. En este sentido, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, manifestó un firme apoyo al publicar en sus redes que no permitirán que «criminales y narcotraficantes derroquen a los líderes elegidos democráticamente”.
Medidas drásticas en la cancillería
Este contexto surge debido a la escalada de tensiones que provocó que Bolivia declarara persona no grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, otorgándole 72 horas para abandonar el territorio nacional. Paralelamente, el gobierno colombiano afirmó “reciprocidad” destituyendo a un funcionario administrativo boliviano en Bogotá, quien, según aclaró Aparicio, era el encargado de custodiar los activos de la sede diplomática, puesto que el país no cuenta con embajador en ese país.