Un acuerdo nacional para evitar el colapso


Bolivia atraviesa uno de esos momentos en los que la política debe decidir si será parte del problema o parte de la solución. Los bloqueos de carreteras, la confrontación social permanente, el deterioro económico y la creciente desconfianza ciudadana han colocado al país en una situación límite. Lo que comenzó como una disputa política y demandas sectoriales amenaza hoy con convertirse en una crisis de gobernabilidad de gran magnitud, con efectos imprevisibles sobre la estabilidad democrática.

El país no puede continuar viviendo en estado de asfixia. Cada día de bloqueo paraliza la economía, encarece los alimentos, profundiza la escasez medicamentos esenciales y de combustibles, afecta la producción nacional y golpea especialmente a los sectores más pobres. Pero el daño más profundo quizá sea otro: la erosión progresiva de la confianza colectiva en las instituciones democráticas y en la capacidad del sistema político para resolver conflictos sin llevar al país al borde del abismo.



Bolivia necesita una salida política. Y esa salida no puede construirse desde la imposición, la revancha o el cálculo electoral de corto plazo. Debe surgir de un acuerdo nacional mínimo entre las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se trata de un pacto de impunidad ni de reparto de poder. Se trata de un acuerdo de responsabilidad histórica.

El país requiere que oficialismo y oposición entiendan que existen momentos en los que la competencia política debe dar paso a la preservación del Estado democrático. Cuando la estabilidad institucional está en riesgo, la obligación de la dirigencia no es profundizar la confrontación, sino garantizar gobernabilidad, paz social y certidumbre.

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Ese acuerdo nacional debería sostenerse sobre cinco compromisos concretos.

Primero, garantizar la pacificación inmediata del país mediante el levantamiento progresivo de bloqueos y medidas de presión que afectan a la población. La protesta es legítima, pero ningún derecho puede ejercerse destruyendo los derechos de millones de ciudadanos que necesitan trabajar, abastecerse y movilizarse.

Segundo, construir una agenda económica de emergencia compartida. Bolivia necesita señales claras de estabilidad. El país requiere acuerdos mínimos sobre abastecimiento de combustibles, control fiscal, seguridad alimentaria, protección del empleo y recuperación de la confianza para evitar una mayor fuga de inversiones y deterioro económico.

Tercero, blindar institucionalmente el proceso democrático. Las principales fuerzas políticas deben comprometerse públicamente a rechazar cualquier intento de desestabilización, violencia o ruptura constitucional. La democracia no puede seguir siendo rehén de grupos de presión ni de disputas faccionales.

Cuarto, acordar reformas estructurales indispensables para el mediano plazo. Bolivia necesita modernizar su economía, desburocratizar el Estado, recuperar seguridad jurídica y redefinir un modelo de desarrollo sostenible que supere la dependencia política y económica que hoy mantiene al país estancado.

Y quinto, establecer un mecanismo permanente de diálogo político nacional, con participación institucional, técnica y social, que permita anticipar conflictos antes de que estallen. Bolivia no puede seguir funcionando únicamente bajo presión, bloqueo y confrontación.

La ciudadanía está cansada. No quiere discursos heroicos ni relatos ideológicos. Quiere soluciones. Está dispuesta a acompañar sacrificios y ajustes si percibe que son compartidos, proporcionales y libres de privilegios. Lo que la población ya no tolera es que mientras el país se hunde, la política continúe atrapada en cálculos electorales y disputas internas.

Los grandes acuerdos nacionales no nacen porque existan afinidades políticas, sino porque las circunstancias obligan a asumir responsabilidades superiores. La historia demuestra que los países logran superar sus crisis más profundas cuando sus liderazgos comprenden que hay momentos en los que salvar la convivencia democrática vale más que cualquier ventaja partidaria.

Bolivia ha llegado a uno de esos momentos.

 

Fernando Crespo Lijeron