Residente de los barrios se organizan sin apoyo de la Policía ni la Defensoría del Pueblo, para hacer frente a grupos violentos que obligan a marchar y cerrar sus negocios. Es minoritaria la participación en las movilizaciones en los 14 distritos.
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El Alto está dividido en 14 distritos —10 urbanos y cuatro rurales—, pero los focos más radicales del bloqueo se concentran en Río Seco (Distrito 14), que conecta la ciudad con el lago Titicaca, y Senkata (Distrito 7), salida hacia Oruro.
Mientras otros barrios cuestionan las medidas, vecinos denuncian que grupos de esas zonas obligan a otros sectores a sumarse bajo amenazas de multas de entre Bs 100 y Bs 200, e incluso con advertencias de ataques a viviendas, según conoció EL DEBER a través de testimonios de habitantes alteños.
En medio de las amenazas y las calles cortadas, algunos comerciantes salen de madrugada para vender productos que logran ingresar sorteando los bloqueos. Otros denuncian que durante el día son presionados para acudir a los puntos de protesta, siempre bajo la amenaza de represalias contra sus casas. Los vecinos que conversaron con esta redacción aseguran que ninguna de estas medidas fue aprobada en asambleas. “Todo es imposición y se ve a muchos exdirigentes”, relató un joven que permanecía al cuidado de su vivienda.
En otro punto del área metropolitana de La Paz, una comerciante de la comunidad Chinchaya, en el sur paceño, cuestionó en otro audio la desigualdad en la aplicación de las medidas.
Reclama que algunos sectores son obligados a cerrar, mientras pobladores de Chicani y Hampaturi —próximos a zonas productivas— continúan vendiendo papa, fruta, carne y huevos
El lunes fue la jornada de mayor violencia. Hubo saqueos en El Alto y ataques a varios comercios céntricos. Ese mismo día, manifestantes amenazaron con “marcar” las casas de policías que participaron en el operativo para desbloquear rutas.
“Hemos escuchado esas amenazas, aunque no se han concretado. Pero todos los días salimos con miedo de que ataquen nuestras casas o descubran el uniforme en la mochila. La mayoría vivimos en El Alto”, contó una policía a EL DEBER.
Otra oficial indicó que no hubo reuniones específicas con sus superiores para abordar este riesgo, aunque confirmó que las amenazas son recurrentes y evocan lo ocurrido en 2019, cuando grupos afines a Evo Morales marcaron viviendas.
“Mi solidaridad con los dirigentes que representan a sus distritos, para no silenciar la voz de las mayorías”, expresó ayer el presidente Rodrigo Paz en una rueda de prensa, en la que aseguró que busca dialogar con los vecinos de El Alto, pero no con sectores violentos que piden acortar su mandato constitucional.
