Por José Luis Laguna

 

Bolivia repite -con una terquedad que ya no es extraña- los mismos escenarios, ciudades tomadas por campesinos politizados, sindicatos que protestan con el pecho inflado de dignidad fingida, y en el Palacio Quemado un gobierno que palidece, navega a la deriva y ni siquiera ha logrado activar los mecanismos más elementales del oficio de gobernar. El discurso oficial, aquel del “capitalismo para todos”, ha desnudado su torpe truco de axioma mágico, una fórmula vacía, una promesa vacía llena de palabrería vacua, que alienó al gobierno con el empresariado y con la tutela norteamericana de manera tan desvergonzada que ni siquiera intentaron disimularla. Pero jamás construyó hegemonía. Porque la hegemonía no se decreta, se construye políticamente. Y aquí, parece, que el arte de la política es el más insólito.

Frente a esta constatación -tan obvia que molesta-, muchos analistas prefieren refugiarse en explicaciones cómodas, la “cultura boliviana”, el enigmático y supuesto “ser boliviano” fragmentado, egoísta, casi irredimible. Qué pereza intelectual. Yo sostengo, en cambio, que no existe una sociedad boliviana. Lo que hay en este territorio con múltiples sociedades -archipiélago de dolores históricos irreconciliables- que se autogestionan según lógicas divergentes y cuya noción de Estado no pasa de un arquetipo jurídico-político que resulta inoperante porque la desconfianza entre estas sociedades es mutua y, sobre todo, imperecedera. No se agota nunca. Es el combustible de nuestra política.

Usar la idea de un “carácter nacional” para explicar el desorden es, además de pereza, un esencialismo peligroso. Como señala Stuart Hall (1996), las identidades colectivas no son esencias, sino puntos que deberían suturarse de manera temporal mediante el ejercicio de la política -esa actividad tan sospechosa para nuestras élites-. Porque la política, en realidad, sirve para resolver la diversidad, no para ahondarla. Pero los políticos bolivianos siempre entienden la política al revés, la usan para profundizar grietas, no para tender puentes. En Bolivia, lo que pretendemos llamar “sociedad boliviana” es, más bien, un campo de batalla de racionalidades contrapuestas. Veamos,

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La lógica comunitaria andina (basada en reciprocidad y asambleísmo, que cada invierno encuentra tiempo para entablar conflicto en la carreteras con el Estado). La lógica sindical-corporativa (heredera de la COB y el centralismo obrero, que desde su sentido de “órgano de poder” negocia prebendas en el Estado en nombre de los más pobres y de la patria). La lógica empresarial-rentista (centrada en el mercado y la acumulación, pero siempre con la mano extendida hacia el erario). La lógica clientelar de los gobiernos de turno (que toman el poder para repartir el botín entre sus correligionarios, a cambio de lealtad, y excluir a los demás).

No hay “el boliviano”. Hay modos de acción situados y ahora territorializados (con un mapa cada vez más manchado de conflictos). Esa es la condición de una sociedad compleja. El problema es que el Estado y sus élites han actuado como si existiera una voluntad general homogénea, que el voto es unísono, a eso llaman “el pueblo”, imponiendo arquetipos como: la “Bolivia productiva”, el “capitalismo popular”, el “capitalismo para todos”. Todos ellos chocan, una y otra vez, con las prácticas reales de las personas y de los grupos organizados.

Tocqueville es certero al analizar la democracia en América. Observó que el individualismo extremo, cuando no está constituido por asociaciones civiles y hábitos de cooperación, deriva en una “apatía cívica” que abre la puerta al despotismo ineficaz y matón. Los ciudadanos se refugian en su esfera privada, su casa, su gremio, su cooperativa, su logia, y dejan que el Estado se convierta en un Leviatán paternalista, gordinflón, oneroso y, sobre todo, incapaz.

En nuestras pequeñas sociedades (el ayllu, el gremio, la cooperativa, la empresa familiar, el sindicato, las logias, los comités cívicos) funcionan lógicas de sistema cerrado, se reproducen para y por sí mismas, operan exclusivamente con solidaridad interna, y jamás establecen puentes hacia afuera. No hay asociaciones que articulen intereses diversos para construir un proyecto común. “Ahora es cuando”, gritan unos. “Ahora nos toca a nosotros y no permitiremos a los otros”, responden los otros. El resultado. la única institución que se presenta como agregadora es el Estado, pero un Estado incompetente, capturado por facciones, carente de autonomía relativa. Incapaz de gobernar para todos. No es político, en el sentido noble del término, es una correa de transmisión de un grupo de interés. Ese es su límite. Y es un límite fatal.

Como diría Bourdieu (1994), el Estado no es un ente neutral; es un campo de fuerzas donde se disputa el monopolio de la violencia simbólica legítima. Pero para ello debe establecer una red de articulación y construir hegemonía. En Bolivia, esa red no existe, se fragmenta el primer día en que alguien asume el gobierno. Por eso no logra imponer su definición de la realidad (ese “capitalismo para todos” que nadie se cree), porque los otros campos -campesino, sindical, poderes regionales, intereses de grupos-producen sus propias verdades, sus propias normas, y se organizan en sistemas de autogestión y chantaje. Es la política del “cada uno por su lado”, pero con micrófono, miguelitos, llantas usadas y mucho aguante para el bloqueo y la impostura.

Thomas Hobbes imaginó al Leviatán como un monstruo necesario para poner fin a la guerra de todos contra todos. En Bolivia, el Leviatán no ha logrado pacificar. Solo arbitra, malamente, una competencia imperfecta de depredación mutua. No hay contrato social; hay un contrato de saqueo con reglas tácitas que todos violan.

En contextos de fragmentación social y debilidad estatal, las poblaciones marginadas recurren a “soluciones de proximidad”, redes de asociación mutua, caciques locales, clientelas gremiales, logias operando a media luz. En Bolivia, el campesinado politizado, los sindicatos, los sectores empresariales y los comités cívicos no protestan contra el Estado porque quieran destruirlo; protestan para obtener una porción del botín o para imponer su propia racionalidad. El gobierno, a su vez, no gobierna, mal administra los conflictos, ata con alambre, pega con alfiler, distribuye recursos discrecionalmente y legitima su poder mediante la narrativa de la “lucha contra la subversión” o los “vendepatria”. Mientras tanto, el país se desarticula y los recursos escasean cada vez más. Pero la fiesta, al parecer, continúa para unos pocos.

La teoría de Michael Mann (1984) sobre el poder social es aquí útil. El poder del Estado boliviano es despótico (puede tomar decisiones arbitrarias sin consultar a nadie), pero es débil en su poder infraestructural (no penetra el territorio, no implementa políticas uniformes, no crea canales de comunicación entre el centro y la periferia). Por eso vemos decretos grandilocuentes y, al mismo tiempo, una parálisis operativa que da vergüenza. Decretos para la foto, caos para la vida real.

¿Existe un proyecto de Estado en Bolivia? Solo como arquetipo jurídico, como la Constitución que nadie lee -y el que la lee, la interpreta desde su propio interés-. En la práctica, operamos bajo la divergencia, no bajo el pluralismo (que al menos presupone un marco común de la democracia y de la política). La divergencia es la guerra de todos contra todos con una máscara institucional.

La filósofa política Chantal Mouffe (2005) nos recuerda que la democracia no es consenso, sino conflicto regulado entre adversarios que reconocen un mismo marco de reglas. En Bolivia, ese marco no existe. Las partes no se reconocen como adversarias legítimas, sino como enemigos cuya derrota total es el objetivo. El gobierno trata a los protestantes como “golpistas” o “infiltrados”; los sectores movilizados tratan al gobierno como “traidor” o “vendepatria”. No hay política, hay guerra de posiciones, como diría Gramsci. Y la guerra de posiciones, cuando no hay hegemonía, se vuelve una lucha infinita y agotadora.

El antropólogo James C. Scott (2009) analizó cómo las poblaciones campesinas del sudeste asiático desarrollaron formas de autogobierno oculto frente a estados depredadores. Algo similar ocurre en Bolivia, las comunidades, los gremios, las logias regionales generan sus propias reglas, sus propias sanciones, sus propios mecanismos de resolución de conflictos. El Estado es un actor más, a veces incómodo, a veces cómplice, pero nunca el árbitro.

Si no hay “sociedad boliviana”, entonces el problema no es “educar al boliviano” ni “cambiar su mentalidad”. Eso es buscar chivos expiatorios artificiales. El problema es construir articulaciones entre las múltiples sociedades que coexisten sin reconocerse. Erik Olin Wright (2010) propuso la idea de “utopías reales”: territorios donde se experimentan formas de cooperación que luego pueden escalarse. En Bolivia, los experimentos de autonomía indígena, los gobiernos municipales con presupuestos participativos, las redes de economía solidaria son semillas de un Estado diferente, no el Leviatán despótico, sino un Estado relacional que teje puentes. La tarea no es imponer un proyecto nacional desde arriba (eso es lo que ha fracasado una y otra vez), sino reconocer la divergencia como punto de partida y construir dispositivos de traducción de significados, mesas de diálogo vinculantes, mecanismos de arbitraje autónomos, proyectos intercomunitarios o regionales, horizontes comunes construidos desde las necesidades compartidas.

Bolivia no transita hacia una nueva forma social y estatal porque nunca partió de un diagnóstico realista y sincero. Un diagnóstico claro, en el sentido de la divergencia, no del entusiasmo folclórico o futbolero. Durante décadas, las élites han creído que el país es una sociedad homogénea que solo necesita “modernizarse” o “revolucionarse”. Es decir, imponer su propia perspectiva de lo “moderno” o de lo “nacional popular”. Pero Bolivia es un archipiélago. Y un archipiélago no se gobierna con decretos universales ni con leyes totalizadoras. Se gobierna con mecanismos de conexión, con códigos de significación articuladores, con la voluntad paciente de construir un destino manifiesto y compartido, no impuesto desde un salón de la “Casa del Pueblo”.

La quimera del “ser boliviano” es un arquetipo que esconde la ausencia de política. No hay horizonte compartido. No hay esencia colectiva. Hay prácticas, conflictos, alianzas temporales. La pregunta no es ¿qué es Bolivia? (una pregunta metafísica que no conduce a nada). La pregunta es ¿cómo se puede actuar políticamente sabiendo que no hay un sujeto colectivo preconstituido? Si el gobierno sigue apostando al “capitalismo para todos” sin construir esos puentes, seguirá siendo un Leviatán que desconcierta, pero que no gobierna. Y los sectores movilizados, si no trascienden la lógica de la depredación mutua, seguirán siendo fuerzas de bloqueo, no de construcción.

La tarea es inmensa. Pero al menos, empecemos por nombrar bien el problema, no es la mala cultura. Es la ausencia de política, del arte de articular, de la capacidad de resolver la divergencia, de trabajar en términos democráticos. Y eso, queridos lectores, no se arregla con un decreto. Se arregla con valentía, con diálogo, con la humildad de reconocer que el otro también tiene algo que decir. ¿Estamos preparados para eso? La historia de Bolivia hasta hoy responde, con un todavía no que nos deja helados.