No es que esta vez el funcionario de gobierno haya comunicado mal; lo que ocurre es que el estatismo les ha cerrado a ciertos periodistas y analistas la capacidad de entender algo básico. Su ignorancia económica y su reflejo ideológico los lleva a considerar casi espeluznante que un avíon gestionado por el gobierno y prestado por Argentina sea utilizado para transportar producto de empresarios privados hacia una ciudad cercada, como si facilitar logística en una emergencia convirtiera automáticamente al productor privado en una empresa pública o en una entidad de beneficencia.
Parecen incapaces de comprender algo elemental: los productores siguen pagando el combustible del avión, asumiendo costos logísticos muchísimo más altos y arriesgando su mercadería para abastecer una ciudad cercada políticamente.
¿Qué pretenden estos iluminados? ¿Que el productor absorba las pérdidas por solidaridad obligatoria? ¿Que venda al mismo precio como si transportar carga aérea costara lo mismo que mandar un camión? ¿O acaso quieren que el gobierno compre toda la producción, subsidie el traslado y luego la distribuya? Porque eso es exactamente lo que revela su discurso: una mentalidad profundamente asistencialista donde el privado solo sirve para producir, pero no tiene derecho ni a recuperar costos ni a decidir cómo comercializar su mercadería.
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El productor tiene todo el derecho de incorporar al precio final el costo extraordinario del transporte aéreo. Eso no es “enriquecer privados”; eso se llama lógica económica básica. Nadie obliga a esos productores a mandar sus alimentos a La Paz. De hecho, podrían optar por exportar, vender en otros mercados o simplemente no asumir el riesgo. Pero decidieron abastecer una ciudad que hoy enfrenta bloqueos impulsados por sectores radicalizados.
Lo más irónico es que quienes critican esto son los mismos que después lloran por desabastecimiento. Atacan al privado cuando produce, cuando transporta y cuando vende, pero exigen que mágicamente los alimentos aparezcan en los mercados. El problema es esa vieja mentalidad ideologizada que cree que toda actividad económica debe pasar por el control, la regulación o la intermediación estatal, como si el productor fuese un empleado público y no alguien que invierte, arriesga y trabaja para generar alimentos