Los bolivianos estamos enojados. Profundamente enojados. Divididos, enfrentados y cada vez más desconfiados unos de otros.
Lo ocurrido en los últimos días en La Paz deja heridas que no desaparecerán fácilmente. Vimos a manifestantes atacar a un hombre humilde que gana la vida lustrando zapatos. Vimos a mujeres proteger con su cuerpo un puesto de venta en la calle, intentando salvar el único capital que les permite comer al día siguiente. Hubo violencia sin límites, brutalidad y vandalismo.
El bloqueo, cuando pierde todo límite racional, deja de ser protesta y se convierte en una agresión colectiva contra ciudadanos indefensos.
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La ciudad de La Paz está sitiada: sin libre tránsito, con alimentos escasos y precios disparados, con hospitales reclamando oxígeno e insumos básicos, y con miles de personas atrapadas entre el miedo, la impotencia y la rabia. Eso no es reivindicación social. Eso es un irrespeto absoluto a la vida.
Mientras tanto, las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la convivencia exhiben limitaciones alarmantes. El Estado parece incapaz de impedir que unos ciudadanos vulneren los derechos de otros.
Ante una situación tan compleja, la ciudadanía afectada se rebela, se moviliza y responde con mayor violencia. El daño más grave es que el odio queda sembrado.
¿Cómo reconciliamos a un país donde unos terminan apaleando a otros? ¿Cómo reconstruimos la confianza entre ciudadanos urbanos y rurales después de escenas de violencia y humillación? ¿Cómo evitamos que nuestros hijos crezcan creyendo que el boliviano de al lado es un enemigo?
Los Ponchos Rojos, los mineros, los vecinos de El Alto y los paceños del centro urbano conviven diariamente en esta ciudad. Muchos trabajan juntos. Muchos dependen unos de otros. Gente trabajadora, gente humilde, paceños que compartimos calles y mercados. Pero cuando la violencia política se instala, todo eso se envenena.
Y entonces aparece la pregunta más dura:
¿Podemos aspirar siquiera a un pacto básico de no agresión entre bolivianos?
No hablamos de pensar igual. No hablamos de amistad. Ni siquiera de afecto. Hablamos solamente de respeto. De entender que ninguna demanda social puede justificar la destrucción de la vida, el trabajo y la dignidad de otros ciudadanos.
Si no logramos eso, nuestros hijos y nuestros nietos crecerán en un país condenado al enfrentamiento permanente. Un país del que muchos querrán irse. Un país donde la convivencia será imposible y donde la rabia reemplazará definitivamente a la esperanza.
Bolivia necesita menos odio y más límites. Menos fanatismo y más humanidad. Cuando la violencia se normaliza, perdemos todos.
El caso más emblemático es el de Sudáfrica después del apartheid.
Durante décadas, Sudáfrica vivió una división racial brutal. Hubo persecución, humillación, violencia política, muertos, presos y generaciones enteras educadas para odiarse entre sí. El país estuvo al borde de una guerra civil.
Sin embargo, cuando cayó el apartheid, apareció una decisión histórica: evitar que la venganza destruyera definitivamente a la nación.
Figuras como Nelson Mandela entendieron que la reconciliación no significaba olvidar ni justificar los abusos, sino impedir que el odio siguiera gobernando el futuro. Por eso impulsaron la Comisión de Verdad y Reconciliación, un mecanismo imperfecto y criticado por muchos, pero que permitió algo fundamental: que los sudafricanos empezaran a reconocerse nuevamente como parte de un mismo país.
No se les pidió que se amen.
No se les pidió que piensen igual.
Se les pidió algo más básico y más difícil: aceptar que ningún proyecto político podía construirse destruyendo al otro.
El Gobierno anunció instalar esta semana el Consejo Económico y Social. La convocatoria es amplia: estarán presentes organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresariales, indígenas, cívicas y gremiales, entre otras. La turbulenta coyuntura exige que esta iniciativa, probablemente la última opción antes del desborde total, abrace un objetivo político central: la reconciliación.
Estamos incubando un resentimiento peligroso entre regiones, entre sectores sociales, entre ciudadanos del área urbana y rural, entre trabajadores y organizaciones movilizadas. Y cuando el odio social madura, las consecuencias duran décadas.
No podemos normalizar que bloquear una ciudad implique dejar hospitales sin oxígeno, familias sin alimentos o trabajadores humildes golpeados por defender su fuente de ingreso.
Tal vez nunca pensemos igual. Tal vez nunca desaparezcan las diferencias políticas, culturales o regionales. Pero, si queremos alentar un futuro, debemos construir al menos un principio elemental de convivencia.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.