Javier Torres Goitia Caballero
En cualquier proceso de acción con la sociedad, en la sociedad y por la sociedad, la valoración no puede ser ideológica ni estar determinada por intereses corporativos. El razonamiento debe orientarse por el mecanismo que genera bienestar, aceptación y sentido para esa sociedad. El Gobierno, en su conjunto, es la instancia administrativa diseñada para comprender la diversidad de una nación, construir vasos comunicantes entre las diferencias y buscar mecanismos de desarrollo para la mayoría.
Sin embargo, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereyra asume un país marcado por una cultura de hegemonía y vínculos delictivos durante 23 años. La razón de ser de ese extenso periodo no fue el bienestar social, sino la construcción de un imperio dedicado a actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando y la minería ilegal.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Esta estructura piramidal confluye en un círculo de poder con un caudillo a la cabeza: Evo Morales Ayma. Esta organización —integrada por los mal llamados “movimientos sociales”, que actúan como socios económicos y dependientes de los diferentes ilícitos— tiene como función mediatizar el crimen mediante demandas o apoyos a medidas que benefician al delito y no a la comunidad. Vemos, por ejemplo, a organizaciones como los Ponchos Rojos o las Bartolina Sisa, cuyos patrimonios dirigenciales se han multiplicado mientras sus bases no han mejorado su condición socioeconómica frente al país.
Bajo esta lógica, estos “movimientos sociales” instrumentales aparentan sostener razones legítimamente políticas y, fundamentalmente, étnicas, con el único fin de levantar el peso del escaso o nulo desarrollo rural en Bolivia de los últimos 23 años, de los cual son responsables ellos mismos. De este modo, el postergado sufrimiento del campo y la identidad indígena no se utilizan para impulsar un verdadero bienestar social, sino como una elaborada cobertura ideológica y un escudo discursivo para encubrir la defensa de economías ilegales y blindar de impunidad a sus cúpulas dirigenciales.
Una protesta vacía de contenido social
Detrás de la actual convulsión social que atraviesa Bolivia, que ya cumple 21 días de bloqueos ininterrumpidos con pérdidas millonarias, policías muertos y heridos, no existe una verdadera demanda social o económica. Es imperativo desmontar la narrativa de la “protesta social”. El pliego petitorio es una fachada vacía. No buscan mejores escuelas, hospitales o carreteras; buscan impunidad para sus líderes. La movilización es, en esencia, una operación de presión política con rasgos de narcoterrorismo, que utiliza a sectores movilizados como cobertura de masas para intentar debilitar o precipitar la caída del gobierno democráticamente elegido por más del 70% de la población.
La repetición de la historia: De Carlos Mesa al presente
En 2003 presenciamos un quiebre institucional decisivo. Carlos Mesa emergió con el discurso el 18 de octubre de 2003 de que la sedición había ganado porque “el pueblo aymara jamás había perdido una batalla”. Con esa postura, Mesa no solo validó la violencia, sino que consolidó el golpe de Estado impulsado por los mismos actores corporativos que hoy buscan retomar el poder. Su “prudencia” de entonces no fue más que la antesala de 23 años de un régimen que no mejoró en nada al país.
Hoy nos acercamos raudamente a ese mismo abismo, pero con una agravante decisivo: la complicidad explícita ya no solo es de un actor externo, sino del interior del propio Ejecutivo. Ya está lista, calcada de 2003, la figura de un vicepresidente traidor a su mandato constitucional. Este actor, lejos de defender la institucionalidad, se ofrece a “pacificar” los actos vandálicos y criminales de los bloqueadores. Su rol no es mediador; es el de un facilitador que busca viabilizar, en el futuro próximo, el derrocamiento del presidente Paz y la restauración de la organización criminal en la administración pública. Sus llamados al “diálogo” con los sediciosos son, en realidad, actos de traición calculada y complicidad con el delito.
El momento de la verdad
Ha llegado el momento de la verdad. O estamos con la ley y el mandato social, o el miedo y la “prudencia” nos ubican en la línea frágil de la complicidad con el delito. Lo primero significa jugarse por la defensa de una sociedad que los eligió para cambiar el país. Lo segundo significa consolidar el golpe y la impunidad, tal como ocurrió hace 21 años bajo la venia de Carlos Mesa.
En una coyuntura tan crítica, el Gobierno no puede pretender estar bien con Dios y con el Diablo. El cálculo político y la ambigüedad deliberada frente al asedio criminal no son opciones válidas. La administración pública debe asumir una posición inmediata, firme y sin vacilaciones: aplicar la ley para neutralizar la sedición, garantizando el respeto estricto a los derechos humanos de los ciudadanos de bien. La urgencia de hoy pasa por encontrar al cabecilla de la organización criminal y someterlo a la justicia nacional e internacional, junto a todos sus cómplices.
Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos. No es una protesta social; es un ataque organizado por el crimen para recuperar el poder. Si el Ejecutivo no ejerce el monopolio de la fuerza legal de inmediato, la República cederá su soberanía ante el asedio sedicioso.