Según el reporte, si es que se decretara el estado de excepción, el vicepresidente Lara tiene que convocar Asamblea en el plazo máximo 72 horas para que se apruebe, rechace o modifique el decreto presidencial.
Fuente: unitel
Desde la oposición, el diputado Rafael López (Libre) señaló que está en manos del presidente la abrogación de la ley de Estados de excepción, luego de que la Cámara de Diputados sancionara la norma con más de dos tercios de voto y la remitiera al Ejecutivo para su promulgación.
La Cámara de Diputados aprobó la disolución de la norma durante una sesión virtual que se extendió por cerca de nueve horas, marcada por la tensión social en La Paz y los bloqueos que persisten en diferentes regiones.
“Vamos a seguir trabajando para pacificar el país, ahora ya depende del presidente”, expresó el diputado opositor, al agregar la discusión sobre el estado de excepción se enmarca en las atribuciones constitucionales y en la necesidad de decisiones posteriores desde el Ejecutivo tras la sanción legislativa.
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López resaltó que el nuevo escenario le da “más agilidad al presidente para poder desarrollar el estado de excepción, de una vez empezar a desbloquear las carreteras”.
Según el artículo 138 de la Constitución, la vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes 72 a la declaración del estado de excepción.
“La aprobación de la declaración indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de necesidad atendida por el estado de excepción. Los derechos consagrados en la Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del estado de excepción”, reza el artículo.
Desde el bloque aliado del Gobierno, la diputada María Antonia Karageorge (Unidad) sostuvo que ya es hora de que los bolivianos tengan paz, de poner orden y de reactivar la economía.
El debate en la sesión virtual de nueve horas incluyó posturas a favor y en contra, con legisladores del PDC advirtiendo posibles consecuencias legales y otros señalando que la norma funciona como un “candado” para evitar abusos, antes de que el documento pase al Ejecutivo para su promulgación.