Oscar Cuentas Sandy
Estamos a nada de cumplir un mes de bloqueos. La tensión social en Bolivia se puede cortar en el aire, reavivando lo más profundo de la polarización. Si algo había logrado Rodrigo Paz al asumir la presidencia, era unificar un sentimiento de esperanza en la población: quienes votaron por él veían ilusionados un cambio de rumbo, y quienes no lo hicieron coincidían mayoritariamente en un sensato “ojalá le vaya bien”. Veníamos de dos años caóticos, de precios en escalada, de un dólar volátil e impredecible, y de la humillante incertidumbre de no saber si conseguiríamos combustible. La ciudadanía aguantó al gobierno de Arce simplemente porque ya se iba, esperando que el siguiente mandatario fuera capaz de resolver los problemas de fondo.
Los primeros días parecieron darle la razón a esa esperanza: el abastecimiento se normalizó temporalmente, el dólar dio un respiro y los precios bajaron. Parecía el inicio de un nuevo ciclo. Sin embargo, a seis meses de gestión, la sensación térmica es que no solo estamos igual que antes, sino peor. El combustible escasea, los alimentos suben abruptamente en las regiones y dos preguntas se han instalado de forma fija en la mesa de todos los bolivianos: “¿Llamará a estado de excepción?” o “¿Renunciará?”.
La encrucijada voluntaria
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Lamentablemente, el presidente ha entrado en un laberinto del cual le será difícil salir, y lo peor es que lo hizo por voluntad propia. Nos enfrentamos a mensajes presidenciales que duran mucho, pero dicen poco, corredores humanitarios que se anuncian, pero nunca se concretan, y entrevistas oficiales que restan más de lo que suman.
En la sociedad se ha arraigado la percepción de que el gobierno no sabe qué hacer. Se sigue convocando al diálogo a sectores cuyo único pliego petitorio es la renuncia del mandatario. ¿Qué se piensa negociar en esas mesas? ¿Los términos de su propia salida? Con quienes actúan al margen de la ley no se negocia. Al presidente parece habérsele olvidado que su función no es enviar el pésame a las familias de las víctimas de los bloqueos; su función constitucional es utilizar a las fuerzas del orden para garantizar la libre circulación y evitar que existan fallecidos inocentes.
El peligro de la demagogia en plena crisis
En medio de este escenario caótico, resultan alarmantes los últimos mensajes del mandatario. Prometer que no privatizará ninguna empresa, que no tocará las tarifas y que se reducirá el salario a la mitad no son medidas económicas; son consignas políticas diseñadas para congraciarse con un sector radical que, haga lo que haga, jamás lo apoyará.
Peor aún: incluso si estas promesas funcionaran y los bloqueos desaparecieran mágicamente hoy, el tiempo terminaría desilusionando una vez más al país. Al presidente hay que hablarle con la verdad técnica: no solo se deben privatizar algunas empresas públicas, se deben cerrar la mayoría. Las tarifas de los servicios y carburantes sí deben sincerarse. Reducirse el sueldo no rescata a un país de una crisis estructural. De nada sirve prometer hoy lo que la realidad financiera impedirá cumplir mañana; una lección que la campaña y la gestión ya deberían haberle enseñado. El ajuste es inevitable, y se dará con o sin su presencia, porque las leyes de la economía no entienden de pactos ni de treguas políticas.
El rol de la política y el veredicto de los técnicos
Nunca he menospreciado el poder de la política. Los líderes políticos existen, precisamente, para tener la valentía de dar las malas noticias y convencer a la población de que el tratamiento, aunque doloroso, es la única opción de supervivencia. Son como el médico que debe convencer al paciente de amputar una pierna para salvarle la vida. Sin embargo, hoy vemos un vacío de liderazgo: ningún político parece dispuesto a decirle a la ciudadanía que el camino requiere un periodo de sacrificio real para poder salir de la crisis.
Es por eso que, una vez más, los técnicos observamos el escenario desde bambalinas, con la certeza (para nuestra mala fortuna) de que el futuro inmediato está lejos de ser amigable. Mientras más rápido lo entienda el Gobierno, más rápido podrá reaccionar. El ajuste económico no sabe de calendarios electorales ni de mesas de diálogo; no conoce de tiempos políticos, solo de tiempos técnicos.