La crisis económica y los bloqueos que afectan a Bolivia comenzaron a golpear con mayor fuerza a uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud: los pacientes con cáncer.
Fuente: ANF
En La Paz, organizaciones de enfermos y familiares denunciaron que la escasez de combustibles, la paralización del transporte y las deficiencias estructurales del sistema sanitario están impidiendo el acceso a tratamientos oncológicos, agravando el riesgo para cientos de personas que dependen de terapias continuas para sobrevivir.
Rosario Calle, representante de la Asociación de Personas y Familiares con Cáncer, afirmó que la situación del sector es “totalmente mala” y describió un escenario marcado por hospitales semivacíos, pacientes sin medicamentos y tratamientos suspendidos debido a la imposibilidad de trasladarse hasta los centros médicos.
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Según explicó, los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas carreteras del país han dejado aislados a pacientes provenientes de Cochabamba, Oruro y otras regiones que deben viajar a La Paz para acceder a radioterapias, tomografías y consultas especializadas.
“Muchos enfermos no pueden llegar porque no hay transporte terrestre y, aunque algunos logran venir en avión, se encuentran con paros urbanos que les impiden llegar a hospitales o zonas como Achumani”, sostuvo la representante en contacto con ANF.
Las protestas y bloqueos surgieron en medio de una creciente crisis económica y política. Sectores campesinos, indígenas, mineros, transportistas y sindicatos protagonizaron movilizaciones exigiendo soluciones a la escasez de combustibles, la inflación, la falta de dólares y el aumento del costo de vida. También cuestionaron medidas de austeridad impulsadas por el Ejecutivo y denunciaron exclusión política y represión durante los operativos de desbloqueo.
En ese contexto, Calle señaló que la atención oncológica quedó prácticamente paralizada para numerosos pacientes. Indicó que incluso las visitas domiciliarias destinadas a enfermos terminales fueron suspendidas porque las ambulancias no cuentan con gasolina o diésel suficientes y muchas unidades presentan fallas mecánicas.
“Hay pacientes que ya no pueden caminar y dependían de esos cuidados paliativos. Ahora ni siquiera eso está funcionando”, lamentó.
La dirigente también cuestionó duramente a las autoridades de salud. Según Calle, pese a las notas y solicitudes presentadas ante el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Gobernación, no existen respuestas concretas a las necesidades urgentes de los pacientes.
“La sensación que tenemos es de total abandono. No vemos interés real en verificar cómo están funcionando los hospitales o qué pasa con los tratamientos”, afirmó.
Las denuncias apuntan además a un severo desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos. Calle explicó que en muchos hospitales públicos los pacientes internados reciben únicamente sueros y jeringas, mientras que el resto de medicamentos debe ser comprado en farmacias privadas. Sin embargo, el aumento de precios derivado de la crisis económica ha duplicado el costo de varios fármacos, volviéndolos inaccesibles para numerosas familias.
Entre los medicamentos faltantes mencionó el Letrozol, utilizado como quimioterapia oral diaria, además de analgésicos esenciales para pacientes en etapa terminal. También denunció recortes en servicios anteriormente cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS), como estudios de densitometría ósea realizados en el Instituto Nacional de Medicina Nuclear.
A las dificultades por medicamentos se suma el deterioro de los equipos hospitalarios. Calle denunció que un moderno equipo de radioterapia permanece fuera de servicio desde hace más de un año por falta de mantenimiento preventivo. La situación genera largas listas de espera para radioterapias y tomografías, debido a que pacientes de todo el país dependen de pocos centros especializados.
Edwin Luna, paciente con cáncer de pulmón con metástasis desde hace aproximadamente seis años, confirmó la gravedad de la situación y describió la coyuntura actual como “crítica”. Explicó que su tratamiento requiere un medicamento denominado PM3, cuyo costo supera los 4.000 o 5.000 bolivianos por sesión y que no está cubierto por el Seguro Universal de Salud (SUS).
Para continuar con las terapias, dijo que tuvo que recurrir a colectas, ayuda de instituciones públicas y apoyo de personas particulares. “Uno tiene que pedir ayuda donde puede para seguir viviendo”, señaló a ANF.
Luna recordó que en febrero del año pasado incluso recibió un diagnóstico desalentador por parte de médicos del sistema público, quienes le indicaron que el tratamiento solo podría frenar el avance del tumor, pero no curarlo. A pesar de ello, continuó buscando alternativas médicas y apoyo económico para sostener las quimioterapias.
El paciente sostuvo que, aunque hubo algunas mejoras en comparación con los años 2021 y 2022 —que calificó como “terribles”—, el sistema sigue atravesando graves carencias. Atribuyó los avances logrados, como la provisión gratuita de contrastes para tomografías y ciertos medicamentos oncológicos, a las movilizaciones impulsadas por asociaciones de pacientes ante la Gobernación, el Sedes y el Ministerio de Salud.
“Si algo mejoró fue porque la asociación peleó y salió a protestar. No porque las autoridades hayan reaccionado por iniciativa propia”, afirmó.
También denunció demoras prolongadas para acceder a estudios especializados. Relató que tuvo que esperar cerca de un año para realizarse un PET scan debido a que el equipo estaba averiado. Asimismo, indicó que persisten faltantes de medicamentos para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia y que, en algunos casos, los fármacos entregados estaban próximos a vencer.
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