Asambleístas califican la iniciativa como inconstitucional y advierten que no permitirán afectar la estructura del Órgano Judicial ni el rol de Sucre
Fuente: correodelsur.com
La Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca expresó su “rechazo categórico y absoluto” al Proyecto de Ley N° 457/2025-2026, presentado por el diputado Omar Muriel, al considerar que atenta contra la institucionalidad del sistema judicial y representa una afrenta para el departamento.
El pronunciamiento, respaldado por su directiva y presidido por la diputada Lenny Calderón, junto a legisladores de ambas cámaras, cuestiona que la propuesta haya sido impulsada de manera “unilateral e inconsulta”. Asimismo, advierte que se trata de “un intento inconstitucional de desmantelar el sistema de justicia”, planteado en un contexto simbólico como el aniversario del Primer Grito Libertario.
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Los asambleístas señalan que la iniciativa busca fragmentar la administración de justicia al pretender retirar la tuición de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) al Tribunal Supremo de Justicia para subordinarla a intereses político-partidarios, lo que —afirman— vulnera los principios de independencia y separación de órganos establecidos en la Constitución.
“Como representantes legítimos del departamento de Chuquisaca, manifestamos de manera clara y enfática que no permitiremos el cercenamiento del Órgano Judicial”, sostiene el documento.
En ese marco, la Brigada recordó que ya impulsó una propuesta alternativa en abril, elaborada en coordinación con la Sala Plena del TSJ y la Asociación de Notarios de Bolivia, orientada a restituir la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU) al Órgano Judicial.
Según explicaron, esta propuesta permitiría que el 90% de los recursos notariales fortalezcan la economía del sistema judicial, además de consolidar a Sucre como sede de las matrices del derecho.
Finalmente, los legisladores enfatizaron que “no existe ningún argumento técnico ni jurídico válido” que justifique una intervención legislativa en las competencias del Poder Judicial y remarcaron que la independencia judicial “no es un privilegio corporativo, es una garantía democrática para todos los bolivianos”.
