Mayo del 2026 será recordado como “el mes del quiebre”. Nos puso ante la disyuntiva de escoger entre dos caminos irreconciliables: caer en la anomia que nos condenará definitivamente a ser un estado fallido –económica, social y políticamente inviable; o comprometernos a poner a Bolivia en el alto sitial de desarrollo que le corresponde gracias a su generosa dotación de recursos, y a la enorme capacidad de trabajo de su gente.
El primer camino no es opción para quienes hemos quemado barcos por nuestro compromiso de dejar, a nuestros hijos, un país mejor al que recibimos. En consecuencia, apostamos porque el mayo del 26 sea recordado como el momento en el que, la sociedad civil, sitiada y movilizada, se impuso la tarea de reconstruir la república bajo principios de una democracia plena, moderna, y progresista.
Para avanzar en esa dirección, lo importante, ahora, es ser capaces de internalizar, de forma positiva y propositiva, las traumáticas experiencias de la falta de alimentos, combustible, el acceso a la salud, los ataques a personas indefensas y, en general, la violación de los derechos fundamentales que nos reconoce la Constitución Política del Estado.
Pero también es necesario mostrar, objetivamente, que el deterioro de la economía y los problemas que hoy enfrentamos, no pueden ser endilgados a seis meses de gobierno: en ocasión del 1ro de mayo, puntualizamos diez problemas, acentuados desde 2006, que la COB pudo haber contribuido a evitar, pero no lo hizo; el resultado, hoy, es la casi desaparición del empleo asalariado productivo, y el fortalecimiento del extractivismo y el rentismo, afectando especialmente a los más pobres. Por su parte, el reclamo de los sectores campesinos por atención a sus demandas, revive al fantasma del FONDIOC, como evidencia de que no fueron ignorados, pero de que tampoco se pusieron de pie para identificar y castigar a quienes malversaron miles de millones que estaban destinados a mejorar el bienestar de quienes dignifican el vivir trabajando la tierra.
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Es más, el espejismo de veinte años de milagro económico, fue posible porque desde la academia –salvo muy contadas excepciones, tampoco hubo voces que alertaran a los gobernantes y la sociedad, sobre la desinstitucionalización, la financiarización de la economía, el tipo de cambio fijo que alentó el contrabando, la presión fiscal que contrajo la demanda y el consumo de los hogares y, por último, del cuentapropismo obligado que, bajo el eufemismo de “emprendedurismo”, exime al gobierno de la responsabilidad de crear las condiciones para incorporar productivamente a los 120.000 jóvenes que anualmente ingresan al mercado laboral. Sin el aporte productivo de estos jóvenes, nuestra economía nunca crecerá lo suficiente para reducir la agobiante pobreza.
Y podríamos continuar con la (larga) lista de “aportes al retroceso” que nos han llevado al final de la cola de países de América Latina. Para hacer la historia corta, siendo uno de los países más ricos en recursos naturales y humanos, estamos en la cola porque prevalecieron las malas decisiones de los malos políticos apoyados en (o empujados por) intereses personales o grupales. El deterioro de los liderazgos políticos para proponer objetivos socialmente motivadores, se acentuó hacia fines de los 1990, con los diálogos sociales para identificar los “proyectos” que el gobierno debía ejecutar.
Entre 1997 y 2003, los diálogos sumaron deseos y buenas intenciones que (casi) nunca se lograron concretar. Desde 2006, tuvimos cuatro planes nacionales de desarrollo con decenas de objetivos, cientos de metas, y miles de acciones… que lograron cero objetivos. Así llegamos al mayo del 26.
No podemos seguir con la rutina de ofrecer satisfacer deseos vestidos de necesidades. Sumar deseos jamás sustituiría la racionalidad de un diagnóstico anclado en objetivos concretos; y, un diagnóstico correcto, es la condición necesaria para identificar las acciones y la secuencia de pasos para avanzar hacia el objetivo. En las actuales condiciones, ningún proceso conducido políticamente sería capaz de unificar, a corto plazo, criterios respecto a fines, metas y medios.
En consecuencia, tenemos la imperiosa necesidad de generar una propuesta “técnica” de la ruta crítica que nos conduciría a metas compartidas que, en los hechos, resuelvan problemas reales de la sociedad. En más de 30 años de colaborar con organizaciones de trabajadores, de empresarios y de la sociedad civil, unas 200.000 personas consultadas coinciden en que “el acceso a un empleo digno, hoy; una vejez segura, mañana; y confianza en un futuro posible para nuestros hijos”, expresa ideas como el “vivir bien” adoptado por el MAS desde 2006. La condición para que esta esperanza se materialice, es construir una economía productiva, diversificada, sólida e inclusiva.
A partir de esta idea, eliminar la pobreza extrema y la exclusión social en los próximos veinte años, es un objetivo con efectos significativos y directos en el bienestar de los hogares, porque esas son las causas que originan descontento y conflictividad. Pero, sobre todo, porque el objetivo depende de la capacidad que desarrollemos para activar y diversificar la economía con una mirada de largo plazo, lo que requiere construir una institucionalidad “no extractivista” que genere la competitividad que, a su vez, incentive la mejora en la productividad para poder participar en mercados abiertos.
Orientados por ese objetivo, necesitamos una tregua social de 6 a 9 meses para que reconocidos profesionales, trabajando en cuatro grupos y sin presiones políticas, generen un diagnóstico realista que identifique propuestas, técnicamente viables y fundamentadas, para reformar: 1) el sistema de justicia con inclusión social; 2) la orientación general del desarrollo productivo, no extractivo-rentista (incluye energía, turismo y servicios); 3) el desarrollo rural y medio ambiente; y, 4) el “deber ser” de un estado autonómico que facilite y promueva todos los procesos anteriores.
Inicialmente, respecto al objetivo fijado, en 2 a 3 meses los grupos sectoriales propondrían, en cada tema, el esquema general de las transformaciones necesarias y un estimado de las oportunidades y riesgos estructurales, inmediatos y a largo plazo. Posteriormente, los grupos se reorganizarían para abordar, esta vez de forma multidisciplinaria, las formas más eficientes de integrar las cuatro áreas en borradores de políticas pública (2 meses). Finalmente, presentarían “la mejor ruta crítica” con la secuencia de tareas y los principales hitos para los próximos 20 años (1 a 2 meses). Esta propuesta sería la base para ordenar prioridades y concertar acuerdos políticos que se plasmen en una agenda de desarrollo que comprometa a todos los actores hoy en conflicto, justifique las reformas a la CPE, y permita fijar planes de gobierno para éste y lineamientos para los tres siguientes gobiernos.
Mientras se desarrolla el proceso de construcción de la propuesta, el gobierno central debería tener el 100% de su atención en el manejo de la economía. Por cierto, en este ámbito, lejos de imponer los ajustes estructurales y la austeridad que supone el enfoque neoliberal como condición para lograr el equilibrio macroeconómico –que se traduce en desempleo e induce descontento social, el manejo de la crisis estaría enormemente facilitado si, desde el inicio, se adoptan medidas que confluyan hacia el desarrollo productivo diversificado, inclusivo y sostenible, en el que el empleo digno, la productividad y la capacidad de consumo de los hogares sean la fuente del crecimiento.
Ante la indeseable posibilidad de una crisis terminal real, soñamos que el mayo del 26, sea el punto de quiebre que nos ponga en camino a la reconstrucción de la República-Estado Plurinacional, bajo principios de racionalidad y compromiso con la construcción de una democracia plena, moderna, económicamente productiva y políticamente progresista. Sin politiquería, es un sueño posible.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo en INASET