La Organización Internacional de Policía Criminal con sede en Lyon-Francia informó que en seis semanas se desarrolló la operación Orca XI, entre el 15 de octubre y 30 de noviembre de 2025 en América del Sur y El Caribe, con al apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El operativo fue planificado y coordinado por 19 países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, con el propósito de luchar y desmontar estructuras orgánicas narcoterroristas internacionales que, en algunos países, sus tentáculos han minado la institucionalidad democrática, financiando campañas a sectores políticos.
La Organización Internacional de Policía Criminal ha dado a conocer los decomisos e incautaciones siguientes: incautadas 3.308 armas de fuego modernas, 56 toneladas de droga y 8.700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos.
Según informe 26/05/26 de Interpol conjunta, se logró decomisar 200.000 municiones, 256.025 dólares y 210 vehículos de alta gama.
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Se subraya en el informe que el tráfico de drogas está ligado estrechamente con el tráfico de armas para las guardias de seguridad de las actividades ilegales, trata de personas, tráfico de migrantes y los delitos cibernéticos estos últimos no regulados en algunos Códigos penales.
En el desglose de las incautaciones se incluyen: 6,9 toneladas de cocaína, 9,3 toneladas de pasta base de cocaína, 38,5 toneladas de Marihuana, 2 toneladas de Metanfetamina, 11 kilogramos de Ketamina y más de 650.000 plantas de coca destinada como materia prima a la droga.
En Colombia se aprehendió a 22 personas por financiación del terrorismo y tráfico de armas y, en Chile, se detiene a tres personas y la policía incauta 580 kilogramos de droga con un valor de 5,6 millones de dólares, procediendo al congelamiento de 11 cuentas bancarias de personas ligadas a lavado de dinero.
El secretario de Interpol el brasileño, Valery Urquiza afirmó que las armas retiradas de circulación y la cantidad de drogas incautadas representan «un progreso real en la lucha contra el crimen organizado». Y que en Brasil se desmantelaron una red criminal de narcotráfico y posesión ilegal de armas.
El secretario general de la OEA, Alberto R. Ramdin sostuvo que la Operación Orca XI demuestra que «la cooperación internacional y el intercambio de información, dan resultados». El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en su informe o balance hasta los primeros días de marzo de 2026 afirmó, que la Fuerza Especial de Lucha Contra las Drogas logró incautar 1.185 kilogramos entre marihuana y cocaína, con una afectación económica que ronda los dos millones de dólares. Y además de 300 kilos decomisados e incinerados entre clorhidrato y sulfato base de cocaína.
En abril el viceministro destacó que se está afectando la producción, insumos químicos y la transformación de la droga. Señaló que en Trópico de Cochabamba se destruyeron 9 fábricas de cocaína, 1750 litros de droga líquida, 190 kilos con 935 gramos de marihuana en estado natural, 1 kilo con 35 gramos en estado líquido. En los controles de ruta se decomisó 25 kilos de clorhidrato de cocaína. Las operaciones son continuas porque en Bolivia hay cartel de la droga y se está afectando sus espacios de dominio.
Algo que no se puede ocultar, es que los bloqueos están facilitando el narcotráfico, la encomienda transportada de Santa Ana de Yacuma hasta el Aeropuerto de Trinidad conteniendo 350.000 bolivianos y cuyo destino final sería La Paz, involucra a tres oficiales de la policía y un piloto civil, encargados de controlar el negocio de la droga que están siendo investigados por la fiscalía. Este caso al parecer no se trata de una cuestión menor, sino de la audaz penetración del narcotráfico en esferas altas de la administración del Estado, al extremo que ex zares han sido condenados por la justicia de Miami o New York: René Sanabria y Maximiliano Dávila, y el camino a la entrega o deportación no se descarta a quien es acusado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, como el financiador de los bloqueos de un mes y que la justicia le va llegar en cualquier momento. El señalado, es Evo Morales y su entorno que lo encubre del daño a la salud pública, los delitos cometidos con menores de edad y más del centenar de muertos en su gestión de gobierno y los seis fallecidos por falta de asistencia médica por el salvajismo de dirigentes bloqueadores ¿Hasta cuándo se extenderá la elasticidad de los órganos del Estado para ejecutar la orden de aprehensión del criminal del Chapare? La medida de Estado de Excepción sectorial que demandan los Comités Cívicos del país está dentro de la Constitución y, no fuera de ella, ¿por qué la subvalora en situaciones de hambre provocada y financiada con dinero del narcotráfico? .
Para los financiadores de bloqueos con dinero ilícito y dirigentes sindicales con mandamiento de aprehensión, el Estado no debe incentivar la evasión de decisiones judiciales, en su cumplimiento no hay: excusas o condicionante, amnistía, perdón judicial, indulto o indulgencias, los presuntos delitos son por convulsión, conspiración, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. La anulación de los mandamientos de aprehensión a favor de Mario Argollo y Vicente Salazar ejecutivos de la COB y FTCUTKA de La Paz, por el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz de 29 de mayo por medio de Acción de libertad, surge como una decisión ajustada al pedido de las bases de ambas organizaciones, por supuesto para garantizar su presencia en las mesas de diálogo previstas para el sábado y domingo, en las que se espera haya sinceramiento y pacificación, en cuyos acuerdos debe incluirse la reparación de daños económicos causados al país.
Lo grave es no encontrar razón a un modelo de impunidad, al dejar sin efecto decisiones de aprehensión, como si los delincuentes gozaran de ciertos privilegios fuera de toda lógica, ética y fundamentalmente jurídica.
El derecho a la protesta violenta no puede enterrar vidas humanas, salud, alimentos, restringir medicamentos, libre transitabilidad, productividad, energía y el derecho a trabajar. Por ello, la ley contra los bloqueos debe ser considerada, sin perjuicio que los Concejos Municipales y Consejos de Gobernaciones blinden cláusulas normativas compatibles con la libertad de manifestación, resguardando los derechos fundamentales de los ciudadanos y la seguridad jurídica. El Concejo Municipal de Rurrenabaque tomó la decisión acertada de regular los bloqueos.
Se espera que Bolivia sea liberada de la droga, se garanticen los derechos fundamentales, la dignidad, paz y seguridad sean los valores y principios predominantes después del diálogo patrocinado por la Iglesia Católica en la persona de Monseñor Giovanni Arana.
Ghada Waly, directora ejecutiva de UNODC, dijo: «Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades». No dejemos que el dinero de las drogas ilícitas trepe el mercado y potencian la inestabilidad de la democracia
Santa Cruz, junio 1 de 2026
Pedro Gareca Perales