Está preso desde el 11 de febrero. Tras ser favorecido por la justicia, Núñez del Arco se apresta a cumplir con la detención domiciliaria, pero la defensa de las víctimas que le acusaron de estupro exteriorizaron su preocupación por la decisión de la justicia.
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Desde el inicio de las investigaciones, Núñez del Arco rechazó las acusaciones, se declaró inocente y sostuvo que existe una campaña destinada a afectar su imagen y trayectoria pastoral.
El 29 de mayo, el juez de instrucción Luis Esteban Loza resolvió sustituir la detención preventiva por arresto domiciliario, estableciendo que el imputado deberá permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00, presentarse cada viernes ante el Ministerio Público, acreditar dos garantes solventes, cumplir arraigo y abstenerse de cualquier contacto con las denunciantes.
La resolución corresponde a uno de los procesos abiertos en su contra. Días antes, el 19 de mayo, otra autoridad judicial había dispuesto medidas similares en el segundo caso que investiga al religioso, por cargos similares.
A pesar de las resoluciones favorables, Núñez del Arco permaneció este fin de semana en el pabellón PC-6 de Palmasola, donde estuvo recluido desde febrero, mientras completa los requisitos exigidos por la justicia para hacer efectiva su salida del penal de Palmasola.
Observan la decisión
Las representantes legales de las denunciantes expresaron su desacuerdo con las decisiones judiciales y advirtieron que la concesión de medidas sustitutivas no implica el cierre de los procesos ni una declaración de inocencia.
Cristian Sánchez, abogado de una de las denunciantes, sostuvo que el caso involucra acusaciones de alta sensibilidad relacionadas con presunta violencia sexual, violencia psicológica y abuso de poder derivado de una relación de autoridad espiritual.
“Esta decisión no significa inocencia, no cierra el proceso y no borra los hechos denunciados. El imputado sigue sometido a investigación y la víctima mantiene intacto su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la protección efectiva”, afirmó.
El jurista señaló además que en este tipo de procesos no solo deben valorarse aspectos como domicilio conocido o la existencia de garantes, sino también factores relacionados con la posible influencia del investigado sobre víctimas y testigos.
Por su parte, la abogada Arlety Tordoya, que representa a la segunda denunciante, cuestionó algunos aspectos de la valoración judicial y afirmó que el objetivo de las observaciones planteadas es garantizar que el imputado permanezca sometido al proceso y comparezca ante la justicia cuando sea requerido.
Las investigaciones continúan en etapa preparatoria a cargo de las pericias de la Fiscalía.
Mientras tanto, las medidas cautelares sustituyen la detención preventiva, pero no modifican la condición procesal del imputado ni anticipan el resultado final del caso que cobró notoriedad por la vinculación religiosa del acusado.
