El abogado Álvaro La Torre afirma que existe una alianza entre sectores campesinos e interculturales para incorporar la distribución de tierras en eventuales acuerdos con el Gobierno. Advierte que más de diez predios permanecen avasallados en la zona de Las Londras.
Según La Torre, los grupos involucrados tendrían intereses distintos, pero complementarios. Por un lado, sectores interculturales buscarían acceder a tierras en la región de Las Londras, mientras que grupos campesinos pretenderían consolidar su presencia en áreas fiscales ubicadas entre Ascensión de Guarayos y Puente San Pablo.
El abogado sostuvo que la situación es preocupante porque podría derivar en la regularización de ocupaciones que actualmente son consideradas ilegales. “Existe la posibilidad de que se termine legalizando la posición de quienes han avasallado tierras fiscales y productivas”, advirtió.
La Torre señaló que la región de Las Londras continúa siendo uno de los principales focos de conflicto agrario en el país. Según indicó, actualmente existen más de diez predios tomados por grupos irregulares, mientras que Santa Rita acaba de sufrir un nuevo ingreso de avasalladores, el quinto desde que comenzó la disputa.
A su juicio, el reciente avasallamiento no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia más amplia para fortalecer posiciones en una eventual negociación sobre tierras. “Quieren incorporar a Santa Rita dentro de una discusión que involucra a otras propiedades ocupadas en la zona”, afirmó.
Frente a este escenario, el abogado consideró pertinente la convocatoria a una Comisión Agraria Departamental impulsada por la Gobernación de Santa Cruz. Señaló que la instancia permitiría reunir a productores, campesinos, interculturales y autoridades para conocer las posiciones institucionales sobre los conflictos de tierras.
“Sería importante escuchar si estos sectores respaldan oficialmente las acciones de los avasalladores o si se trata de grupos y dirigentes que actúan por cuenta propia”, manifestó.
Además del conflicto por la propiedad de la tierra, La Torre alertó sobre las consecuencias económicas de las ocupaciones. Explicó que Santa Rita se encuentra en plena campaña agrícola de invierno y que existen cultivos de trigo y soya que podrían verse afectados por la presencia de grupos irregulares.
El jurista recordó que la producción agrícola de la zona forma parte de la cadena alimentaria nacional y que cualquier interrupción repercute en trabajadores, productores y consumidores.
En paralelo, informó que los propietarios ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y anunció que impulsarán acciones legales para exigir la reparación de los daños ocasionados por los avasallamientos.
“La pelota está ahora en la cancha de la Policía y de la Fiscalía. Son las instituciones llamadas a hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad jurídica”, concluyó.