La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026.
Fuente: https://www.oas.org
Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.
Las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico. Sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas articulan demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles y estabilidad económica, junto con exigencias de revisión o derogación de medidas económicas y pedidos de renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Las protestas se agravaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de la Ley 1720- ambos derogados posteriormente en el contexto de las manifestaciones.
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Las manifestaciones han derivado en al menos 70 cortes de ruta hasta el 27 de mayo, según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. De conformidad con lo informado por el Estado, los bloqueos en La Paz y El Alto han dejado incomunicada a la sede de Gobierno con los otros departamentos y los países vecinos. El Estado ha adoptado despliegues operativos de las fuerzas del orden que incluyeron el llamado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, para el abastecimiento de insumos.
Los bloqueos han provocado graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales, sobre todo en La Paz y El Alto. Además, al menos 7 personas fallecieron en este contexto, según la Defensoría del Pueblo, entre ellas, 4 por falta de atención médica oportuna, 1 por arma de fuego en el contexto del mencionado operativo estatal de desbloqueo en el municipio de Calamarca que, según el Estado, se realizó sin armamento bélico; y 2 personas movilizadas, cuyas circunstancias de fallecimiento continúan pendientes de esclarecimiento. Todas las muertes registradas por la Defensoría permanecen bajo investigación del Ministerio Público.
Las protestas también han estado marcadas por un incremento de la violencia y la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo documentó, al 24 de mayo, al menos 23 personas heridas de diversa gravedad, incluyendo por disparos, oculares y faciales; entre ellas, manifestantes, transeúntes y agentes policiales. Asimismo, 321 personas fueron arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen en detención preventiva. Igualmente, se registraron enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y vecinos, particularmente en El Alto; así como anuncios de sectores civiles que expresaron su intención de desbloquear rutas por cuenta propia, contemplando declaraciones de actores armados no estatales y grupos de choque. A su vez, organizaciones de la sociedad civil informaron sobre requisas y abusos contra personas indígenas y manifestantes presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales estarían siendo procesadas por terrorismo.
Asimismo, personas que trabajan en la prensa han sido hostigadas y agredidas durante la cobertura de las movilizaciones. La Defensoría del Pueblo registró, hasta el 18 de mayo, al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, además de cuatro ataques a equipos periodísticos, incluyendo golpes, lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, lesiones por explosivos y afectaciones derivadas del uso de gases lacrimógenos. También se reportaron amenazas, insultos, obstáculos al ejercicio informativo, y el intento de aprehensión de al menos un periodista. Adicionalmente, se conocieron denuncias sobre discursos estigmatizantes y amenazas de posibles investigaciones o medidas de fiscalización contra organizaciones de la sociedad civil señaladas presuntamente de financiar las protestas.
Según información pública, en el marco de las movilizaciones, se han registrado desmanes y afectaciones a bienes públicos y privados, incluidos daños materiales y denuncias de saqueos. Entre los hechos reportados figuran daños al sistema de Teleférico de La Paz y El Alto, así como al Tribunal Departamental de Justicia y Derechos Reales, donde se denunciaron saqueos, destrucción de mobiliario y pérdida de expedientes. Durante las protestas del 18 de mayo en La Paz también se denunciaron ataques contra edificios públicos y privados. En este contexto, la Fiscalía de La Paz conformó, el 20 de mayo, una comisión de crisis para atender situaciones vinculadas a bloqueos prolongados y conflictos sociales, lo que derivó en la apertura de 29 procesos penales por los hechos registrados, abarcando investigaciones por tentativa de homicidio, destrucción de bienes del Estado e instigación pública a delinquir.
La CIDH reafirma que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social. Las manifestaciones, entre ellas aquellas de carácter espontáneo, deben presumirse pacíficas, y las personas participantes tienen derecho a definir el contenido, la forma y el lugar de sus expresiones colectivas. La protesta social es además un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, por lo que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana. En ese marco, corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto.
A su vez, toda actuación orientada al control de manifestaciones debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, la CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso.
Tanto el Estado como las personas manifestantes deben adoptar medidas para evitar riesgos a la vida e integridad de terceros, como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de personal médico y de provisiones indispensables, como el acceso a medicamentos y alimentos. Asimismo, llama a que el Estado proteja el trabajo de periodistas, con especial atención al diseño e implementación de una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística; del personal médico y de primeros auxilios; así como de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, a que se abstenga de cualquier forma de criminalización de la protesta legítima y de cierre de espacios cívicos, y que garantice el debido proceso de las personas investigadas.
La Comisión vuelve a exhortar al Estado a implementar las recomendaciones contenidas en los informes “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” y el informe final del GIEI Bolivia, en particular aquellas orientadas a fortalecer el diálogo democrático, intercultural y participativo, incluyendo representaciones de los sectores sociales movilizados, como vía para canalizar las demandas sociales y reducir la conflictividad. Tal como se sostuvo en esos informes, en escenarios de conflictividad social se recrudecen los patrones históricos de racismo, y se deben robustecer tanto las políticas como la legislación antidiscriminación, incluido el desarrollo de un Plan Nacional de Acción para el avance efectivo de la temática. Asimismo, la CIDH destaca la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo, que, junto con otras instituciones, desempeñar un rol relevante en la facilitación del diálogo y la prevención de conflictos. Se destacan los esfuerzos interinstitucionales de llamado al diálogo y prevención de la violencia.
Finalmente, la Comisión reafirma su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica, con el objetivo de avanzar con la cohesión social y contribuir a la desescalada de tensiones, a la protección de los derechos humanos y a la reducción de la conflictividad social en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.