Por: Javier Torres Goitia Caballero
La historia política de Bolivia padece de un peligroso síntoma de amnesia y repetición. Hoy, la ciudad de La Paz se encuentra nuevamente bajo una estrategia de asfixia y estrangulamiento que evoca de forma alarmante los trágicos sucesos de 2003. En aquella oportunidad, igual que ahora, la mentira armada y planificada fue el mayor argumento para socavar la democracia. Los cómplices de la sedición de entonces terminaron institucionalizando el chantaje mediante la forzada figura de la “sucesión constitucional” y, para colmo, amnistiaron de toda responsabilidad penal a Evo Morales, Felipe Quispe y a los demás dirigentes sindicales y campesinos de la época. Aquella nefasta decisión consolidó el delito en el poder; una paradoja histórica de la cual esos mismos operadores jurídicos terminaron siendo víctimas apenas dos años después, cuando la intolerancia callejera los expulsó también a ellos.
Más de dos décadas más tarde, el libreto se repite de forma casi idéntica. Sectores movilizados cercan la sede de gobierno, rechazan cualquier convocatoria al entendimiento y exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz Pereyra. En un calco del pasado, reaparecen los mismos actores: el diputado Carlos Alarcón, vocero de Comunidad Ciudadana, empieza a jugar al oportunismo legislativo sugiriendo leyes express de revocatoria en pleno escenario de coacción. No es una coincidencia azarosa. Alarcón, quien fuera pieza jurídica clave en la administración de Carlos Mesa en 2003, parece intentar validar hoy la misma receta de entonces: vestir de aparente legalidad la capitulación del Estado y articular una nueva traición institucional por la vía jurídica, esta vez para beneficiar de forma directa a sectores delincuenciales.
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Ante este panorama, la insistencia del Órgano Ejecutivo de convocar al diálogo durante más de un mes ha dejado de ser una virtud democrática para convertirse en un grave error de estrategia política. Las herramientas más elementales de la teoría de negociación y la resolución de conflictos explican con claridad por qué el presidente Paz Pereyra no debe renunciar y por qué el llamado al diálogo debe cesar de inmediato para dar paso a la aplicación estricta de la ley.
La falacia de negociar con “Actores No Negociables”
El primer gran error de diagnóstico del Gobierno es asumir que se enfrenta a un movimiento social con demandas corporativas legítimas. En la teoría de conflictos existe una distinción crucial entre intereses y posiciones. Los intereses (caminos, presupuestos, políticas sectoriales) son perfectamente negociables. Las posiciones maximalistas —en este caso, “la renuncia del presidente” o la impunidad judicial de ciertos caudillos— no lo son.
Cuando los bloqueos y los cercos están fuertemente vinculados y financiados por economías ilegales como el narcotráfico, la minería aurífera ilegal y el contrabando, la naturaleza del conflicto cambia por completo. Estos sectores no buscan el bienestar común ni una redistribución de la riqueza; buscan el repliegue del Estado para consolidar zonas de exclusión territorial donde la ley no tenga alcance. Para la delincuencia organizada y los poderes fácticos de la ilegalidad, el desabastecimiento de La Paz y el sufrimiento de sus ciudadanos no son costes, son herramientas de presión. Sentarse a negociar un pliego petitorio con actores cuyos incentivos reales son la impunidad y la capitulación institucional no es democracia; es una rendición encubierta. Con el delito no se pacta; al delito se le aplica el Código Penal.
La radiografía del declive: Un 18% no puede secuestrar al 82%
Para justificar el uso legítimo de la fuerza, es imperativo demoler la narrativa de representatividad que los sediciosos pretenden ostentar. El principal promotor de esta desestabilización, Evo Morales, arrastra una cadena irreversible de derrotas democráticas que deslegitiman por completo su derecho a sitiar el país. La debacle histórica de su proyecto autocrático comenzó con el referéndum del 21F en 2016, cuando el pueblo le dijo “No” a su reelección; continuó en 2019 con el fraude electoral detectado y su posterior huida a México abandonando el poder; y se selló de forma incontestable en los últimos comicios presidenciales.
En las urnas, la facción radical y violenta que hoy asfixia a La Paz no logró superar el 18% de la votación total. El restante 82% de los bolivianos votó por opciones firmemente enclavadas en el antimasismo, la institucionalidad y el rechazo absoluto a la delincuencia organizada. Permitir que una minoría radicalizada y electoralmente marginal imponga su agenda mediante el estrangulamiento económico es un insulto directo a la soberanía popular. No se puede, bajo ninguna circunstancia, vulnerar la voluntad democrática de la inmensa mayoría de la nación para complacer los caprichos de unos cuantos sediciosos violentos que solo buscan impunidad personal.
El error del MAAN: Mostrar debilidad frente a la extorsión
En la metodología de negociación de la Escuela de Harvard, existe un concepto fundamental denominado MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado). El MAAN es la línea de acción que un actor adopta si las conversaciones fracasan o no se consolidan. Durante las últimas semanas, la administración de Rodrigo Paz Pereyra ha demostrado que su única alternativa al diálogo bloqueado es la pasividad y la reiteración burocrática de la misma invitación al entendimiento.
Este comportamiento ha destruido la posición negociadora del Estado. Los sectores sediciosos perciben la insistencia gubernamental no como un gesto de tolerancia, sino como un síntoma de debilidad y falta de determinación. Si los bloqueadores saben que la única consecuencia de asfixiar a una ciudad es recibir una nueva carta de invitación al diálogo, sus incentivos para levantar las medidas de presión son nulos. Para reequilibrar la balanza, el Presidente debe cambiar de forma urgente su MAAN: la alternativa a una mesa de diálogo rechazada debe ser la restitución inmediata del orden público mediante el uso de los mecanismos constitucionales que el propio Estado le otorga.
La ley como verdadera herramienta de pacificación
Existe un relato perverso que intenta equiparar la aplicación de la norma con la represión dictatorial. Nada más alejado de la realidad. El sociólogo Max Weber definía al Estado precisamente por su capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza legítima. Cuando un gobierno renuncia a liberar las carreteras, a garantizar el libre tránsito y a asegurar el suministro de alimentos y medicinas para la población civil, está dimitiendo de sus funciones más básicas y dejando a sus ciudadanos en la indefensión absoluta.
Garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de La Paz no es un acto autoritario, es un deber constitucional implacable. La Constitución Política del Estado ampara el derecho a la protesta pacífica, pero bajo ningún concepto legaliza el secuestro de metrópolis enteras, el desabastecimiento hospitalario o la sedición abierta. Arrestar y procesar a los cabecillas de estas movilizaciones que operan al margen de la ley no rompe las reglas del juego democrático; al contrario, restablece las condiciones mínimas indispensables para que cualquier diálogo futuro se dé entre ciudadanos libres y no bajo el cañón de la extorsión económica.
Conclusión: El deber de sostener la institucionalidad
Ceder a la presión y abandonar la Presidencia, o someterse a ardides legislativos de revocatorias bajo presión callejera prohijados por operadores reciclados del 2003, sería el tiro de gracia para la ya debilitada institucionalidad boliviana. Si el presidente Paz Pereyra claudica ante el cerco de las economías ilegales, el mensaje para el futuro será devastador: cualquier grupo con el suficiente poder económico y logístico para bloquear tres carreteras principales podrá deponer gobiernos a su antojo. El próximo mandatario, sin importar su color político, nacería muerto, siendo un rehén perpetuo del chantaje sectorial.
La Presidencia no es una propiedad personal de la que se pueda disponer para evitar tensiones; es el símbolo de la soberanía y la legalidad del Estado. Por el bien de la República, Rodrigo Paz Pereyra debe mantenerse firme, cerrar la ventanilla de los diálogos estériles y ordenar la aplicación estricta de la ley. La Paz no puede seguir de rodillas ante la ilegalidad; es hora de que el Estado recuerde que su primera y más sagrada obligación es gobernar.