El exsenador del Estado, Henry Montero, mediante una carta abierta manifestó su consternación al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, indicando que los bolivianos ya no pueden aguantar la “condena a muerte invisible” y el colapso del sistema de salud a causa de los bloqueos de las carreteras organizado por “cúpulas sindicales” que promueven la sedición, no buscan el diálogo sobre un pliego petitorio, sino deponer a un gobierno electo recientemente; entonces, pidió hacer cumplir la Constitución Política del Estado (CPE).
Fuente: Prensa Henry Montero
Me dirijo a usted en mi condición de ciudadano boliviano y ex senador de la República, impulsado por la profunda consternación, la impotencia y el dolor que embargan a millones de compatriotas que hoy nos encontramos rehenes de un bloqueo de carreteras que ya suma 30 días. Esta medida criminal, disfrazada de protesta social por cúpulas sindicales que han traicionado su esencia para convertirse en hordas de choque, mantiene al país bajo una asfixia intolerable, señala.
Agrega: Señor Presidente, en una reciente entrevista ante una red internacional de noticias, usted manifestó con firmeza que «no le daría un muerto» a quienes promueven el caos y buscan la victimización política. Sin embargo, con el debido respeto, es imperativo recordarle que las vidas de los bolivianos no solo se extinguen por balas o piedras en un enfrentamiento directo; los muertos en nuestro país también se están cobrando silenciosamente en las salas de los hospitales por la falta de oxígeno, la escasez de medicamentos de primera necesidad y el desabastecimiento de alimentos provocado por el cerco a nuestras carreteras. El sector salud y la ciudadanía en general ya no pueden tolerar esta condena a muerte invisible.
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Entendemos la prudencia política, pero cuando a su gestión le restan aún cuatro años y seis meses de mandato, el cálculo electoral o el temor al costo político no pueden primar sobre la vida de los inocentes. La facción radical que promueve la sedición ha malinterpretado su prudencia como una muestra de debilidad del Gobierno democrático, subraya.
Cuestiona: Hoy nos preguntamos: ¿Bajo qué premisas se puede convocar a un diálogo? Los sectores movilizados han sido explícitos al señalar que no les interesa discutir un pliego petitorio, sino forzar su renuncia y el acortamiento de su mandato constitucional. Asimismo, condicionan cualquier acercamiento a la suspensión de órdenes de aprehensión de sus dirigentes. Ceder ante esto sería validar la extorsión judicial, vulnerar la independencia de poderes y otorgar una licencia de impunidad a la delincuencia organizada en desmedro del ciudadano de a pie. En estas condiciones, el diálogo es inexistente y jurídicamente inviable.
Señor Presidente, la Constitución Política del Estado no es una sugerencia ni una carta de negociación; es de cumplimiento obligatorio. Como máxima autoridad del país, usted está facultado y obligado por ley a precautelar la seguridad del Estado, el orden público y los derechos fundamentales de la mayoría absoluta de los bolivianos que nada tenemos que ver con los intereses personales de estos grupos, indica.
Finalmente, enfatiza: Exigimos acciones concretas e inmediatas para restablecer de manera urgente la asistencia médica y el libre tránsito en las rutas del país. El diálogo ha fracasado por la intransigencia de los sediciosos; corresponde ahora la aplicación irrestricta de la ley mediante el uso legítimo de la fuerza pública. De lo contrario, la inacción estatal convertirá a su gobierno en corresponsable de las vidas que trágicamente se cobren por falta de atención en nuestros hospitales.
Con la esperanza de que prevalezca el principio de autoridad y la defensa del Estado de Derecho, quedo de usted. Atentamente, concluye la carta abierta.