Ha transcurrido poco más de un mes desde que iniciaron las movilizaciones en Bolivia, con el departamento de La Paz como el epicentro del conflicto. Lo que comenzó con demandas sectoriales específicas —como el reclamo del sector transporte por la pésima calidad del combustible, la exigencia obrera de un incremento salarial y el pedido popular de una reducción de sueldos a los legisladores— escaló rápidamente a una crisis de gobernabilidad sistémica. Hoy, los sectores movilizados radicalizaron su postura, exigiendo de manera unánime la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas un semestre en el poder.
Si bien es fundamental comprender las causas del conflicto, también se debe dimensionar sus efectos devastadores en la economía. El cerco a La Paz provocó desabastecimiento de alimentos generando inflación: ver que un pollo es comercializado por encima de los Bs 100 es el crudo reflejo de una economía asfixiada que afecta principalmente a la población más vulnerable. A nivel macroeconómico, se estima que el país acumula pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares (cerca del 4% del PIB), mermando una producción nacional ya golpeada por la falta de divisas y destruyendo las cadenas de suministro e industria.
Ante esta situación compleja surge una pregunta, ¿existe una solución? Para responder ello, debemos evaluar el ajedrez político actual. Por un lado, los sectores movilizados mantienen una postura intransigente, descartando las convocatorias al diálogo y apostando al colapso del Ejecutivo. Por el otro, el Gobierno pareció haberse atrincherado inicialmente en una peligrosa estrategia de desgaste, esperando que las bases sociales se agoten por inercia logística y financiera.
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En medio de esta caótica situación, surge como opción la militarización del país. Tras la reciente abrogación de la “Ley Eva Copa” N° 1341 mediante la promulgación de la Ley N° 1732, el Gobierno tiene la vía legal despejada para desplegar a las Fuerzas Armadas y decretar un estado de excepción. Sin embargo, recurrir a la fuerza militar para imponer el orden es altamente riesgoso. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para escenarios bélicos, no para el control de disturbios civiles. Una intervención militar no solo conlleva el altísimo riesgo de desencadenar un derramamiento de sangre o una guerra civil, sino que expone a la frágil democracia a que el alto mando militar, al verse como el único garante del orden en el país, decida volcarse contra el propio Gobierno y tomar el poder.
Entonces, ¿es factible la apuesta gubernamental por el desgaste? Definitivamente no. Para el bloque movilizado, desmovilizarse después de más de un mes de paralización sin haber logrado su cometido representaría una dura derrota política. Simultáneamente, es impensable que una administración que lleva solo seis meses de gestión esté dispuesta a entregar el poder. Ante este panorama, pareciera que el país se encuentra atrapado en una encrucijada sin solución aparente.
No obstante, existe otra alternativa: una salida política mediante la cual el conflicto puede resolverse sin recurrir a la fuerza militar. Debe haber una propuesta gubernamental que refleje un cambio de visión, cediendo posiciones estratégicas sin verse forzado a entregar la presidencia, mientras los sectores movilizados dejan de lado su petición radical. El paso fundamental de esta alternativa es una reestructuración profunda del gabinete de ministros. Precisamente, tras la reciente reunión de gabinete, fuimos testigos de un paso importante en esta dirección con la renuncia de los ministros de Defensa (Salinas) y de Educación (García).
Estas renuncias no deben ser interpretadas como una derrota gubernamental, sino como la respuesta pragmática e inteligente que demandaba la crisis. Una renovación ministerial proyecta una clara señal de ajuste en la gestión gubernamental. Esta es la única solución “salomónica” en la cual ambos “ganan”. Por un lado, el Gobierno lograría pacificar el país y sortear un conflicto mayúsculo sin tener que renunciar ni militarizar las calles. Por el otro, los movilizados, aunque no consigan la destitución del mandatario, habrán logrado forzar un cambio sustancial en la cúpula del Poder Ejecutivo, garantizando que un nuevo equipo atienda sus demandas iniciales. Es imperativo que ambas partes consoliden este camino de acuerdo mutuo; la soberbia política no puede seguir costándole a Bolivia, y en especial a La Paz, su estabilidad, su economía y su paz social.
Angel Rafael Surco Chuquimia
Es economista