La jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, presentó un proyecto de ley para regular los estados de excepción en el país que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía Boliviana sea rebasada y no logre controlar disturbios.
Fuente: ANF
“Se autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de estado de excepción por conmoción interna, siempre que la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, señala el artículo 22 de la propuesta, a la que tuvo acceso ANF.
La diputada es la proyectista de la norma, que fue remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados el 28 de mayo. No se trata de la iniciativa sobre el mismo tema anunciada este miércoles por el presidente Rodrigo Paz, quien informó que en las últimas horas también presentó una propuesta normativa ante la Asamblea Legislativa.
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El proyecto de Miranda establece que el uso de armas de fuego y las acciones de control de la violencia pública deben ajustarse a la normativa nacional y a los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano.
Asimismo, señala que durante la vigencia de un estado de excepción, policías y militares no podrán hacer uso indiscriminado de la fuerza ni incurrir en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias.
Sin embargo, el artículo 10 de la propuesta contempla medidas contra quienes infrinjan las disposiciones emitidas durante el estado de excepción. Entre ellas figuran el arresto de hasta 12 horas; la aprehensión y conducción a dependencias policiales y del Ministerio Público para su procesamiento penal en caso de delitos flagrantes; además de la intervención o clausura de establecimientos privados y el secuestro de bienes.
La iniciativa consta de 27 artículos y regula la declaratoria de estados de excepción en tres escenarios: conmoción interna, desastre natural y peligro para la seguridad del Estado derivado de una amenaza externa.
También plantea una vigencia de tres meses. Cumplido ese plazo, la medida quedará sin efecto de manera automática. El Órgano Ejecutivo no podrá emitir una nueva declaratoria sobre los mismos hechos, salvo autorización del Legislativo.
Asimismo, dispone que el Gobierno remita un informe a la Asamblea cuando se haya cumplido la mitad del periodo de vigencia del estado de excepción, como parte de los mecanismos de control y fiscalización.
De igual forma, el Estado deberá informar sobre la declaratoria y aplicación de esta medida a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La propuesta también faculta a la Defensoría del Pueblo a elaborar informes periódicos sobre la vigencia y protección de los derechos fundamentales. Para ese fin, las entidades estatales estarán obligadas a proporcionar la información que les sea requerida por esa institución.
Parte de la iniciativa legal presentada por la diputada Marlene MIranda. Foto: ANF
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