El Senado abre hoy el debate sobre la nueva ley que regulará los estados de excepción y los sectores movilizados deberían responder también este jueves para establecer un escenario de diálogo. Hay avances, pero el cerco y los bloqueos aún continúan.
Por Mauricio Quiroz y Carlos Quisbert
Fuente: El Deber
Hace apenas seis meses, Edmand Lara se definía como un vicepresidente opositor dentro del propio Gobierno. Ayer, sin embargo, apareció como uno de los actores clave en una estrategia a la que se sumó el presidente Rodrigo Paz para intentar salir de la crisis política y social más compleja desde el inicio de su mandato.
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La señal más clara llegó con la reunión que Paz sostuvo durante la tarde de ayer con Lara, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y los jefes de bancada, en un encuentro destinado a coordinar una salida política al conflicto que mantiene al país con más de cuatro semanas de bloqueos y cercos carreteros.
El acercamiento ocurrió pocas horas después de que el mandatario posesionara a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa y anunciara que Bolivia enfrenta “la batalla de las batallas”, una definición que utilizó para describir la confrontación entre el Estado y los sectores que impulsan las movilizaciones que buscan deponerlo del poder a meced de bloqueos y cercos a ciudades.
Sin embargo, lejos de una salida por la vía de la fuerza, el Gobierno decidió apostar primero por el diálogo, aunque también inició el trámite para validar la nueva ley que regule los estados de excepción para recuperar el control y pacificar el país.
El vocero presidencial José Luis Gálvez confirmó que las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa —dos de las organizaciones más activas en las protestas— enviaron solicitudes formales para instalar una mesa de negociación y reveló que el Ejecutivo respondió de manera inmediata proponiendo una fecha y una hora para el encuentro. La reunión debía realizarse ayer, pero fue postergada porque los dirigentes continuaban en consulta a sus bases. “Ese es el camino de solución. Quisiéramos que vaya más rápido, pero es la forma de resolver nuestros problemas”, sostuvo Gálvez al ratificar que la prioridad gubernamental continúa siendo la concertación.
El portavoz de la presidencia también señaló que aún no hay acercamientos concretos con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), cuyos dirigentes celebraron al menos dos ampliados en los últimos tres días para ratificar los bloqueos para presionar hasta el derrocamiento del presidente Paz. En esos eventos participaron políticos extranjeros de izquierda.
La estrategia también cuenta con el respaldo de Lara. Horas antes, Paz había felicitado públicamente la iniciativa del vicepresidente para promover acercamientos con los sectores movilizados, una señal política relevante después de meses de distanciamiento entre ambas autoridades. Ayer hubo una tregua política en medio del conflicto.
En paralelo al diálogo, el Ejecutivo envió un proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción. Según el senador Pedro Sánchez, la norma comenzará a debatirse hoy en la Cámara Alta y posteriormente será remitida a Diputados.
Gálvez insistió que el objetivo inmediato no es desplegar medidas coercitivas, sino garantizar una respuesta humanitaria frente a los efectos de los bloqueos. La autoridad lamentó los fallecidos por efecto de los cortes de ruta y dijo que se investiga “el asesinato” de uno de los campesinos en el contexto de una acción policial que fue ejecutada el 23 de mayo para despejar las vías para permitir el tránsito de alimentos, medicamentos y combustibles.
El Gobierno sostiene que la provisión de estos insumos comienza a normalizarse gracias a puentes aéreos y corredores humanitarios, aunque vecinos de varios sectores se movilizaron para levantar los bloqueos que habían sido determinados por dirigentes y exdirigentes sin una adecuada consulta con las bases.
“Todo tiene un límite, pero vamos a acudir, de ser necesario, a las herramientas que la Constitución nos da”, advirtió Galvez.
Hace 10 días, el presidente Paz promulgó la norma que anuló una ley de 2020 que limitaba la aplicación de un estado de excepción al punto que prohibía la detención de manifestantes.
Mientras las negociaciones avanzan y la Asamblea debate la nueva norma, el Ejecutivo intenta ganar tiempo y respaldo institucional para superar un conflicto que ya dejó al menos 11 fallecidos, desabastecimiento y una creciente presión para restablecer la normalidad en el país que aún sufre por esta crisis.
Fuente: El Deber