Augusto Díaz Villanueva
¿Quién organiza los bloqueos? ¿Quiénes son los que presionan para bloquear? ¿Quiénes recaudan fondos por miles y financian movilizaciones en las que se paga entre 200 y 1000 Bs por jornal?
Hace un par de días, un dirigente sindical, disfrazado de senador, bajo el paraguas de una supuesta explicación “sociológica” —que de sociológica no tenía nada— sostuvo que en Bolivia hay dos élites, ambas blancas: una de izquierda y otra de derecha. Para variar, afirmó que ambas élites eran ociosas, aunque luego no supo explicar qué significaba ese adjetivo.
Tal vez no con la aspiración científica ni con la obsesión racial del senador en cuestión, se me ha ocurrido, a modo de aporte a la discusión, esbozar algunas líneas sobre una élite que parece que se le olvidó en su compleja discusión sobre élites: la élite sindical. Pero en el caso boliviano no se trata de una élite sindical cualquiera, sino de una que ha capturado el Estado boliviano.
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He escuchado incontables veces a la intelectualidad boliviana discutir bajo la siguiente pregunta: ¿el MAS es un partido político? Evitando caer en las mismas respuestas, apuesto por cambiar la pregunta: ¿qué es o qué fue el MAS? Y ahí se pueden identificar, con fines analíticos, dos dimensiones que abren una discusión mucho más amplia: lo partidario, en un sentido tradicional, y lo no partidario, vinculado a lo sindical como forma de organización del poder.
Lo primero no importa mucho para este análisis. Además, se puede decir, a grandes rasgos, que el MAS, en su componente de partido político, no es más que una sigla comprada durante la crisis de partidos de finales de los noventa, que luego tuvo una presencia institucional más situada en el manejo burocrático y en algunas representaciones de clase media alta que pactaron con el bloque sindical.
Pero lo sindical tiene otra dimensión. Sin ese componente, el MAS habría sido un partido político más. Y aquí no hablo de lo sindical en sentido restringido, como si solo se tratara de obreros, fábricas o relaciones laborales. En Bolivia, casi todo se sindicaliza: el barrio, el mercado, el transporte, la tierra, la escuela, la universidad, el comercio y hasta la vida cotidiana. Juntas vecinales, gremios, federaciones de transportistas, organizaciones campesinas, juntas escolares y asociaciones de comerciantes funcionan bajo una lógica parecida: afiliación obligatoria, cuotas, multas, sanciones, disciplina interna, representación cerrada y capacidad de presión sobre el Estado. Esa es la forma boliviana de lo sindical: una manera de organizar poder, controlar pertenencias y administrar obediencia.
Desde ahí se entiende mejor el lugar del Pacto de Unidad. No me refiero al Pacto de Unidad únicamente como aquella organización que se fundó primero en el oriente del país, a propósito de la marcha indígena, y que luego atravesó procesos de unión y desvinculación. Me refiero al Pacto de Unidad como la expresión más acabada de esa forma sindicalizada de organizar la sociedad y de relacionarla con el Estado: una estructura que no solo acompañó al MAS, sino que gobernó con él y a través de él durante casi veinte años.
El Pacto de Unidad fue más allá de la vieja fantasía corporativa del fascismo italiano. No fueron organizaciones que únicamente se integraron al Estado bajo la propaganda de representar a la nación —o, en este caso, a la plurinación—, sino estructuras que pasaron a cooptarlo y someterlo a sus propios intereses. Se trata de un corporativismo patrimonial que ha sometido al Estado y, a partir de él, ha sometido también a una gran parte de la población. Ahí aparece la élite sindical.
La élite sindical es un conjunto de dirigentes sindicales, y de amigos de estos, que tienen el control de distintos sindicatos, federaciones, juntas, gremios y organizaciones sectoriales del país, pero que a la vez han cooptado la institucionalidad estatal relacionada con la actividad de esas mismas organizaciones. Esa doble influencia les otorga una especie de poder absoluto sobre cientos de miles de personas. Por un lado, controlan la organización de la vida privada; por otro, controlan la institucionalidad que supuestamente debería regularla. Lo explico con algunos ejemplos.
En el ámbito de la educación, los sindicatos están presentes desde la formación de los estudiantes de las normales hasta su jubilación. Al entrar a una normal, un joven cualquiera queda asociado automáticamente a un primer sindicato que se disfraza de gobierno estudiantil. Cuando egresa, si quiere conseguir trabajo en una escuela fiscal o de convenio, necesitará la firma del sindicato para que el Ministerio de Educación le asigne un ítem. Y si desea permanecer en el sistema, acceder a beneficios como pulpería o créditos de la mutual y, en muchos casos, conservar su ítem, queda sometido al magisterio hasta el día de su jubilación.
Si lo llevamos al mundo agrario, son las élites sindicales las que deciden quién puede recibir tierras fiscales y quién no. En muchos lugares del altiplano, la élite sindical decide sobre la propiedad de tierras y bienes. Así, quienes quieren conservar sus tierras, incluso sus propias casas, quedan sometidos a esa élite. Pero esto va mucho más allá del magisterio o del mundo agrario: está presente en casi todas las esferas de la sociedad boliviana.
Si quieres servicios básicos, te sometes a la junta de vecinos. Si quieres que tus hijos asistan al colegio, debes someterte a la junta de padres. Si quieres trabajar con tu taxi o tu minibús, debes someterte a un sindicato de transporte. Si quieres vender, debes someterte a un sindicato gremial. Me queda corto el artículo para dar cuenta de todos los espacios en los que esta élite sindical ha dejado de ser una intermediaria entre sociedad y Estado, para prácticamente desplazarlo y asumir su lugar en varios aspectos.
No es exagerado decir que esta élite sindical tiene mejores mecanismos para cobrar “tributos” que el propio Estado. Lo hace en forma de multas, sanciones, cuotas extraordinarias, aportes obligatorios, cobros por pertenencia, permisos informales y contribuciones forzadas. Tiene la capacidad de movilizar a miles de personas, de recaudar millones en pocos días y de castigar socialmente a quienes se niegan a obedecer. No necesita ganar elecciones generales para ejercer poder; le basta con controlar el acceso cotidiano al trabajo, al transporte, al barrio, a la tierra, a la escuela o al mercado.
Ahí radica su fuerza y también su peligro. Esta élite no solo presiona al Estado: lo sustituye cuando le conviene, lo paraliza cuando se le opone y lo utiliza cuando necesita legalizar sus intereses. Por eso no estamos ante un simple problema de protesta social ni ante una forma legítima de organización popular. Estamos ante una estructura de poder que ha aprendido a vivir de la amenaza, de la intermediación forzosa y de la captura de instituciones públicas.
La corrupción, en este caso, no debe entenderse únicamente como coima o enriquecimiento individual. Su forma más profunda es política: ocurre cuando el Estado deja de organizar decisiones en función del interés general y pasa a ser administrado como botín de una red sindicalizada de poder. La corrupción está en la captura de cargos, recursos, decisiones, permisos, ítems, tierras, rutas, mercados y beneficios por una élite que habla en nombre de sectores populares, pero que en los hechos gobierna para sí misma.
Por eso esta élite le hace tanto daño al país. Porque no solo bloquea caminos: bloquea la posibilidad misma de construir Estado. Donde debería haber ley, instala permiso sindical. Donde debería haber ciudadanía, instala obediencia organizada. Donde debería haber derechos, instala favores. Donde debería haber instituciones, instala dirigentes. Y donde debería existir interés público, impone el interés de una casta que se esconde detrás de la palabra “pueblo”.
La élite sindical no es la base sindical. La base puede estar compuesta por trabajadores, campesinos, transportistas, comerciantes, padres de familia o vecinos con demandas reales. La élite sindical es otra cosa: es la capa dirigente que se autonomiza de esas bases, que las usa como fuerza de choque, que administra su miedo, que negocia en su nombre y que convierte la representación social en capital político. No habla necesariamente por el sindicato; habla desde la posición de poder que obtuvo usando al sindicato.
Por eso, cuando se habla de élites en Bolivia, reducir la discusión a una élite blanca de izquierda y otra de derecha es una forma cómoda de no mirar el problema principal. Durante casi dos décadas se consolidó una élite que no siempre aparece en los salones empresariales ni en las universidades privadas, pero que controla territorios, administra miedo, reparte beneficios, bloquea caminos, define candidaturas, condiciona gobiernos y decide quién puede trabajar, producir, circular o vivir tranquilo.