Las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, la Federación de campesinos Tupac Katari y los seguidores de Evo Morales se siguen prolongando por más de 40 días en el país provocando pérdidas económicas a varios sectores por el bloqueo de carreteras. Entre tanto, el Gobierno sigue esperando el diálogo con esos sectores radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz
Fuente: ANF / La Paz
La producción de quinua en el altiplano orureño atraviesa una de sus etapas más complejas. Aunque la cosecha de la presente campaña alcanzó niveles considerados aceptables en varias regiones productoras, los bloqueos y conflictos sociales paralizaron la comercialización, frenado las exportaciones y provocado una caída de precios que amenaza la sostenibilidad económica de cientos de familias dedicadas al cultivo del grano andino.
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Las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, la Federación de campesinos Tupac Katari y los seguidores de Evo Morales se siguen prolongando por más de 40 días en el país provocando pérdidas económicas a varios sectores por el bloqueo de carreteras. Entre tanto, el Gobierno sigue esperando el diálogo con esos sectores radicales que exigen su renuncia.
Juan Ernesto Crispín, representante de la Asociación de Productores Ecológicos de Quinua y Camélidos (APREQC), que agrupa a unas 300 familias de la provincia Ladislao Cabrera, afirmó que el sector se encuentra prácticamente detenido debido a la interrupción de las rutas y al cierre de los canales de exportación.
Según explicó, la campaña agrícola tuvo resultados relativamente regulares, aunque las heladas afectaron entre el 30% y el 40% de las parcelas, principalmente en las zonas bajas. Sin embargo, considera que el mayor problema actual no está en la producción, sino en la imposibilidad de comercializar el grano.
“Los productores no pueden trasladar la quinua a las plantas procesadoras y estas tampoco pueden exportar. Todo el movimiento económico está paralizado”, sostuvo el dirigente a ANF.
La situación coincide con el diagnóstico de Rubén Ignacio, productor de la comunidad de Alcaya, en el municipio de Salinas de Garci Mendoza. Desde su experiencia, la cosecha fue positiva en aproximadamente el 85% de los predios agrícolas de la región, con afectaciones climáticas menores respecto a otros años. No obstante, asegura que los productores se encuentran con los depósitos llenos y sin posibilidades de vender.
“Por el momento no estamos vendiendo nada. No hemos podido trasladarnos a Salinas ni a Challapata para comercializar el producto”, señaló a ANF.
La paralización de las exportaciones y la falta de movimiento comercial impactaron directamente en los precios. De acuerdo con Crispín, antes de los conflictos el quintal de quinua se comercializaba entre 1.020 y 1.050 bolivianos. Actualmente, el precio cayó a un rango de entre 920 y 950 bolivianos.
Para los productores, esta reducción resulta especialmente preocupante porque coincide con un incremento sostenido de los costos de producción. Crispín afirmó que los precios actuales ya no cubren los gastos operativos, mientras que Ignacio advirtió que el valor de mercado no alcanza para compensar las labores de desbrote, siembra, cosecha y contratación de mano de obra.
Uno de los factores que más preocupa al sector es el encarecimiento del combustible. Ignacio aseguró que el litro pasó de costar 3,72 a 9,96 bolivianos, lo que elevó significativamente los costos de producción y transporte. A ello se suma, según Crispín, una provisión insuficiente de carburantes por parte del Estado, situación que dificulta las labores agrícolas.
Los productores también cuestionan la dependencia de intermediarios para la fijación de precios. Ignacio lamentó que sean estos actores quienes determinen cuánto vale la quinua en el mercado, mientras los agricultores se ven obligados a vender a precios bajos por la necesidad inmediata de adquirir alimentos, insumos y fertilizantes.
A las dificultades actuales se suma una nueva preocupación para el sector. Crispín informó que los productores se mantienen en estado de alerta ante la posibilidad de que se implemente un impuesto del 5% que afectaría al rubro. Según explicó, los agricultores actualmente se encuentran bajo el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y temen que una nueva carga tributaria profundice aún más la crisis económica.
Los bloqueos y movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz comenzaron por la crisis económica, la inflación, la escasez de combustibles y el aumento del costo de vida. Posteriormente, incorporaron demandas políticas de sectores sociales que denunciaron exclusión y cuestionaron medidas gubernamentales, derivando en una creciente conflictividad y rechazo a la gestión presidencial por la falta de respuestas.