Por: Javier Torres Goitia Caballero
El tiempo pasa, el “plan” está en curso, el país sufre y el desabastecimiento de todo aumenta. La paciencia se va acabando; sin embargo, la convicción popular de defender la democracia por sobre todas las cosas sigue firme y, al parecer, aumenta cada día. No soy quién para juzgar la estrategia de todo un Gobierno; puedo estar de acuerdo o no, pero eso ahora no tiene importancia. Pretender dar línea política, estrategia de seguridad o de manejo de conflictos sería arrogarse funciones no solicitadas por nadie. Sin embargo, sobre mi opinión de cómo veo las cosas sí puedo explayarme; los lectores podrán estar o no de acuerdo, pues así es el juego democrático al cual estoy acostumbrado por toda una trayectoria de vida.
La libertad no es un concepto absoluto ni desvinculado de la responsabilidad. La vigencia de los derechos individuales depende enteramente del cumplimiento colectivo de los deberes civiles. El SOMETIMIENTO al ordenamiento jurídico no es opcional: es la condición fundamental e indispensable para la convivencia pacífica.
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La Constitución Política del Estado (CPE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico, el pacto social que define las reglas del juego democrático y el límite al ejercicio del poder. Por lo tanto, el respeto a su totalidad no es una sugerencia política, sino un mandato imperativo. Aunque esta haya sido aprobada entre gallos y medianoche con una serie de vicios jurídicos, en este momento está vigente. Aquí rige el Principio de Sujeción Universal: la Constitución vincula por igual a gobernantes y gobernados. Ningún ciudadano, colectivo, sindicato, corporación o autoridad del Estado se encuentra por encima de ella. Asimismo, el Deber de Acatamiento implica que respetar la Ley Fundamental en su totalidad significa que no es lícito fragmentar su aplicación ni invocar un derecho constitucional (como el derecho a la protesta o a la libre asociación) para aniquilar o suprimir otros derechos de igual rango (como el derecho a la vida, a la salud o a la libre circulación). Los derechos coexisten en armonía; cuando un ciudadano utiliza un derecho como arma para vulnerar los derechos del prójimo, quiebra el pacto constitucional.
Por otro lado, el Código Penal actúa como la frontera punitiva que protege esos bienes jurídicos esenciales. Su acatamiento responde a dos principios universales del derecho. Primero, el Principio de Legalidad y Reserva de la Ley: el Código Penal determina con precisión qué conductas constituyen un delito y qué sanción les corresponde. El ciudadano tiene la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto tipificado como delito, sabiendo que la vulneración de la norma activa la facultad sancionadora del Estado (ius puniendi). Segundo, la Presunción de Conocimiento de la Ley: un pilar básico de la seguridad jurídica universal establece que “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”. Ningún ciudadano puede alegar el desconocimiento de las prohibiciones del Código Penal para evadir su responsabilidad o buscar impunidad.
Por lo tanto, el verdadero patriotismo constitucional no radica en invocar la ley solo cuando nos favorece, sino en someterse a ella cuando nos limita. Forzar los márgenes de la ley, bloquear las vías de desarrollo de un país o subvertir el orden público bajo el pretexto de reivindicaciones sectoriales despoja al ciudadano de su legitimidad. La Constitución y el Código Penal no son menús a la carta de los cuales se puede elegir qué cumplir y qué ignorar; son el cimiento de nuestra República y la única garantía de que la fuerza de la razón prevalezca sobre la razón de la fuerza.
En este sentido, está absolutamente claro el tipo de violaciones constitucionales y de delitos penales que han cometido los delincuentes, llamados curiosamente por los medios bolivianos “bloqueadores” o “movimientos sociales”. Han violado los artículos 16, 21.7 y 46 de la Constitución Política del Estado Plurinacional —que crearon mañosamente ellos mismos al iniciar su Proceso de Cambio en 2009—. También han incurrido en tipos penales claros al violar los artículos 132, 213 y 214 del Código Penal, siendo pasibles de penas de hasta 8 años de cárcel. Por otro lado, la tipificación de sedición o atentados contra la seguridad interna debe ser sancionada con penas que oscilan entre los 5 y los 15 años de presidio. En los casos de terrorismo, si se utilizan los bloqueos o la violencia armada para infundir terror en la población o coaccionar al gobierno nacional, las penas van desde los 15 hasta los 20 años de presidio.
Si Bolivia está en un proceso de reconstrucción democrática, debemos esperar que más temprano que tarde la justicia aplique sin titubeos la norma vigente, establecida por los mismos delincuentes a su medida en 2009.
El futuro de nuestra Patria está en un momento crucial. Desde 2003 a la fecha han ocurrido muchas violaciones a las normas supremas vigentes en sus momentos, y la justicia ha pasado por alto muchos delitos o se ha comprometido con ellos. Es cierto que el Órgano Judicial debe ser independiente, pero en este proceso de construcción democrática, TODAS las instituciones deben estar alineadas con los fundamentos del cambio para construir una democracia real, estable y con un futuro sólido.
Las luchas callejeras o en las carreteras entre la delincuencia y la razón son, precisamente, batallas de una guerra sin cuartel para derrotar 23 años de impunidad, de delincuencia y de narco vinculación estatal. Este de ninguna manera es un problema político, ya que la delincuencia no tiene ideología: tiene intereses de poder y económicos. En este momento, la administración del Estado, el Gobierno, se ha definido como de Centro; es una posición asumida y están en su absoluto derecho de hacerlo. Ellos responderán ante el pueblo sobre su línea, estrategia y plan.
Si entendemos que la posición de centro significa un compromiso con TODOS los ciudadanos que habitan Bolivia, además de ser loable la decisión, es también el momento de empezar a ver señales claras de fortalecimiento de instituciones hasta ahora devaluadas. Es cierto que han pasado solo 7 meses de la nueva administración —de los cuales un mes y medio el país ha estado paralizado—; sin embargo, debemos saber con claridad cuál es el nuevo modelo económico propuesto y cuál es la política exterior del Estado boliviano. Debemos ver ministerios sólidos, propositivos, con acciones democráticas y transformadoras del descalabro vigente desde 2003 a la fecha, así como empresas estatales libres de “mafias” y círculos de corrupción o chantaje corporativo.
El sistema de justicia, sin comprometerse políticamente con el Gobierno —porque ese no es su papel—, no puede estar ausente de la responsabilidad de activar seriamente la construcción de la democracia. No puede ser posible que el Ministerio Público no haya presentado ante el juez un caso prolijamente estructurado contra los delincuentes de la COB y los Ponchos Rojos, y que debido a esa negligencia ahora estén en libertad. Tampoco es posible que abiertamente la segunda autoridad del Estado esté del lado de los bloqueos delincuenciales y se mantenga impune en su puesto, con toda la influencia y visibilidad que tiene el cargo. Por su parte, las fuerzas del orden deben defender su institucionalidad como lo mandan sus reglamentos internos, respetando los derechos humanos, pero haciendo respetar el derecho de sus miembros sin temor alguno.
La ciudadanía es probablemente la que mejor ha reaccionado en estos 7 meses de nueva administración con su paciencia, tolerancia madura y fortaleza, además de su clara convicción de no querer volver al pasado. Esta población inició el camino mucho antes que los supuestos líderes de agrupaciones o partidos políticos. Ya en 2016 se inició este proceso de reconstrucción democrática; los administradores públicos de ese momento, que eran parte de la delincuencia estructurada en el poder, no hicieron caso, y aparecieron nuevamente políticos del pasado que traicionaron esa voluntad, habilitando a figuras que el pueblo ya había rechazado en el referéndum del 21F. Ocurrió lo mismo el 2019, cuando “Las Pititas” reaccionaron pacífica, pero contundentemente contra el fraude electoral, logrando la cobarde huida del Sr. Morales Ayma y del Sr. García Linera, pero nuevamente los políticos del pasado viabilizaron la permanencia de su estructura delincuencial a título de “pacificar el país”.
Hoy estamos en una nueva confrontación clara y definitiva contra la delincuencia. La firmeza, la legalidad y la institucionalidad son, como siempre, nuestras armas de guerra. Ahora debe ser el momento de ganar esta “Guerra de Guerras”.