El repliegue de organizaciones provinciales, los primeros llamados de dirigentes a consultar a sus bases, los cabildos ciudadanos que exigen recuperar la normalidad y las interrogantes sobre el sostenimiento económico de las protestas marcan una nueva etapa del conflicto que mantiene al país bajo presión desde hace más de seis semanas.
Un bloqueo en Cochabamba. Foto: El Deber
Tras 43 días de bloqueos y movilizaciones, empiezan a aparecer señales de desgaste en los sectores que impulsan las medidas de presión, mientras crecen las voces que demandan una salida dialogada y se multiplican las preguntas sobre los recursos económicos y logísticos que permiten sostener protestas prolongadas en distintos puntos del país.
Uno de los hechos más significativos de las últimas horas fue el repliegue de organizaciones de al menos 12 provincias del departamento de La Paz, situación que fue interpretada por autoridades y analistas como una señal de agotamiento de las movilizaciones. El gobernador Luis Revilla Herrero afirmó que gran parte de las protestas comenzó a perder respaldo ciudadano y sostuvo que ‘es momento de que La Paz retorne a la normalidad’.
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Las señales de desgaste también comenzaron a reflejarse en la dirigencia de los sectores movilizados. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, anunció que las organizaciones evaluarán internamente la continuidad de las medidas de presión y reconoció que las bases también sienten los efectos del conflicto.
«Somos orgánicos, vamos a bajar a las bases. Vamos a consultar cómo está el ánimo dentro de nuestras organizaciones, porque también son sectores que están golpeados, haciendo un sacrificio», declaró.
Bloqueadores en San Julián. Foto: El Deber
Paralelamente, aumentó la presión ciudadana para encontrar una solución. Durante la última semana se realizaron cabildos en distintas ciudades del país, incluidas La Paz, Santa Cruz y Sucre, donde sectores ciudadanos demandaron medidas concretas para restablecer el libre tránsito, garantizar el abastecimiento y poner fin a una crisis que ya provocó severos daños económicos y sociales. Nuevas concentraciones fueron anunciadas en Potosí y La Paz esta jornada.
En este escenario también comenzó a instalarse un debate sobre el financiamiento de las movilizaciones. Diversos reportes periodísticos y actores políticos han planteado interrogantes sobre la logística que permite mantener bloqueos durante más de un mes, incluyendo relevos permanentes, provisión de alimentos, transporte y permanencia de grupos movilizados en distintos puntos del país.
Las preguntas cobran mayor fuerza a medida que el conflicto se prolonga y los sectores movilizados no ofrecen explicaciones detalladas sobre los recursos que sostienen las protestas.
Son seis departamentos que tienen vías bloqueadas. Foto: Los Tiempos
Otro elemento que ha generado debate es el creciente protagonismo político de Evo Morales en torno al conflicto. Mientras el expresidente intenta asumir la conducción política de las protestas y atribuirse su liderazgo, dirigentes sindicales como Mario Argollo han buscado marcar distancia de esa narrativa, al insistir en que las movilizaciones responden a decisiones orgánicas de las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, las tensiones sobre el rol del exmandatario alimentan la discusión dentro de los sectores movilizados.
A ello se suma el llamado de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo a construir un ‘Pacto Social por la Paz y la Reconciliación’, una iniciativa que busca abrir espacios de entendimiento para evitar una mayor escalada de la conflictividad.
Con el país acercándose a un mes y medio de bloqueos, la combinación de desgaste organizativo, presión ciudadana, llamados al diálogo y cuestionamientos sobre el sostenimiento de las protestas al parecer configuran una nueva fase de una crisis cuyo desenlace sigue abierto.