La institución manifestó su preocupación por la demora en la aplicación del decreto, al señalar que las variaciones en los costos de materiales, insumos y servicios generan dificultades
Por Rodolfo Aliaga
Reunión de los ingenieros con autoridades de Gobierno. Foto: SIB
Fuente: La Razón
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) sostuvo una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en la que solicitó la aplicación del Decreto Supremo N.º 5597, normativa que establece mecanismos de reajuste de precios en obras públicas.
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Durante el encuentro, los representantes de la SIB expusieron la necesidad de implementar de manera efectiva esta disposición legal para garantizar la viabilidad económica y la continuidad de los proyectos de vivienda social que se ejecutan en distintas regiones del país.
La institución manifestó su preocupación por la demora en la aplicación del decreto, al señalar que las variaciones en los costos de materiales, insumos y servicios generan dificultades para las empresas constructoras e ingenieros responsables de la ejecución de obras públicas.
Precios
Según la SIB, la aplicación del reajuste de precios permitiría preservar el equilibrio financiero de los contratos, evitar paralizaciones y asegurar la conclusión oportuna de proyectos destinados a beneficiar a miles de familias bolivianas mediante programas de vivienda social.
Tras el intercambio de criterios entre las partes, las autoridades del Ministerio de Economía y de AEVivienda expresaron su disposición a evaluar la situación y comprometieron gestiones orientadas a encontrar una solución en el corto plazo.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia informó que continuará realizando seguimiento permanente a este tema, con el propósito de defender los intereses del sector de la ingeniería y la construcción, así como contribuir a la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura y vivienda que se desarrollan en el país.
El sector considera que una pronta aplicación de la normativa permitirá otorgar mayor certidumbre a las empresas ejecutoras y fortalecer la capacidad del Estado para cumplir con los objetivos de sus programas habitacionales.
Fuente: La Razón