Por: Horacio Guido Valle Santa Cruz
Hace un mes escribí sobre la coyuntura del país y su juego a la democracia que eventualmente podría convertirse en un juego con fuego. Durante el agravamiento de la crisis política que ha generado más de 44 días de bloqueo, han surgido algunas voces que mencionan que Bolivia es un Estado fallido, lo cual es una declaración notable que una vez más invita a reflexionar sobre su consistencia.
Inicialmente, el término Estado fallido fue acuñado el año 1992, cuando en un artículo fundacional los politólogos Gerald B. Helman y Steven R. Ratner usaron este término para explicar el colapso absoluto de las estructuras estatales de Somalia, Haití, Camboya y el extinto país de Yugoslavia.
En este sentido, para que un país sea considerado teóricamente un Estado fallido debe cumplir las siguientes condiciones: 1) Pérdida del monopolio de la fuerza: el gobierno ya no controla su propio territorio, 2) Aparición de guerrillas o milicias: grupos armados, paramilitares, cárteles o señores de la guerra que imponen su ley, 3) Incapacidad de proveer servicios: el Estado carece de capacidad para garantizar agua, electricidad, salud, educación ni justicia básica, 4) Corrupción institucional generalizada: las leyes no se aplican y las instituciones públicas operan para beneficio propio, 5) Crisis humanitarias extremas: desplazamientos masivos de población hacia otras regiones y 6) Colapso de la economía: destrucción de la moneda local, hiperinflación y mercados negros dominantes.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Bajo la coyuntura actual es imposible no dejar de hallar patrones que indiquen una ruta directa hacia un Estado fallido. Los síntomas saltan a la vista: el fracaso de los intentos de desbloqueo por parte de las fuerzas del orden; territorios donde los cuarteles fueron invadidos y unidades policiales atacadas, así como anuncios de “toma pacífica” de dichos espacios de orden público; y recientes amenazas de toma de empresas de provisión de agua y electricidad.
El panorama humanitario es aún más grave. La escasez de insumos médicos y ataques contra personal de salud y ambulancias ha provocado la lamentable pérdida de vidas humanas, por falta de atención médica oportuna al ser imposible su traslado a través de los bloqueos, la justicia se ha convertido en moneda de cambio al dictarse y dejar sin efecto al mismo tiempo órdenes de aprehensión dictadas por el mismo Ministerio Público y auspicio por parte de la Vicepresidencia la liberación de dirigentes que instigan la violencia y radicalizan la vulneración al derecho de libre tránsito en territorio nacional y acceso a alimentos, además del colapso inminente de la economía nacional.
Formalmente, el Índice de Percepción de la Corrupción en 2025 ubicó a Bolivia en el puesto 136 de 182 países a nivel mundial, constituyendo el tercer país con mayor percepción de corrupción en la región, siendo superado solamente por Paraguay y Venezuela. Si hablamos sobre Estado de derecho que es el sometimiento de todos los ciudadanos, instituciones y Estado a las mismas leyes, en 2025 como Bolivia nos encontramos en el puesto 131 de 143 países. Finalmente, el Índice de Transformación Bertelsmann, un estudio que mide la calidad democrática, la economía de mercado y la calidad de gobernanza de 137 países, en sus resultados publicados en 2026, con base a información del 2025, nuestro país se ubica en el puesto 57, con una calificación de 5,56 sobre 10, existiendo un retroceso importante en dicha calificación comparable con naciones como Cuba o Sudán.
Los índices anteriormente mencionados fueron realizados fundamentalmente con información de hasta 2025, por lo cual es altamente probable que el 2026 refleje un mayor nivel de deterioro en los mismos, por lo acontecido en los últimos meses. Ahora bien, sería encantador participar de la especie de celebración y hasta cierto grado de mofa que existe sobre los rumores de cansancio y quiebra interna por parte de los grupos organizados que secuestraron ciudades y poblaciones, asfixiaron la economía y vulneraron diversos derechos, incluido el derecho a la vida; no obstante, las malas noticias formarán parte de nuestro futuro inmediato, ya que, por un lado, es paradójico es que el gobierno pareciera carecer de voluntad para actuar por un “factor x” y dos razones paradójicas que se retroalimentan: le falta legitimidad de desempeño para justificar el uso de la fuerza, y le falta fuerza política para actuar sin perder más legitimidad, sumándose además su alejamiento de aliados políticos en la Asamblea, así como sus contradicciones evidentes al interior del gabinete ministerial.
Por tanto, el mayor de los peligros está lejos de haber pasado, toda vez que tenemos una improvisación gubernamental evidente, una herencia basada en una contradicción de difícil resolución: por un lado, desmontar la lógica de poder callejero y por otro no cuenta con el respaldo político suficiente para cambiar la normativa. Finalmente, es posible concluir que Bolivia aún no es un Estado fallido, pero el camino se encuentra perfectamente allanado hacia él, por lo cual, si es evidente el fallo estatal progresivo y la destrucción del principio de legalidad, adscribiéndome a la frase lanzada por la célebre escritora, novelista y filósofa Ayn Rand que reza: “La piedad para el culpable es una traición al inocente”.