Fuente: Infobae
Una nueva ley de matrimonio infantil impulsada por el régimen talibán en Afganistán permite que niñas de hasta 10 años sean obligadas a casarse, en lo que organizaciones de derechos humanos describen como un avance más en el control sobre la vida de las mujeres afganas, según informó Nikkei Asia.
La norma, que entró en vigor el mes pasado, forma parte de un nuevo código de familia talibán que elimina las salvaguardas previas sobre la edad mínima para contraer matrimonio y limita las opciones de las mujeres para divorciarse. Para Zahra Nader, editora en jefe del medio afgano liderado por mujeres Zan Times, exiliado en Canadá, la ley “intenta regular la vida familiar” y garantiza que una niña casada “no tenga forma de escapar” de ese matrimonio.
Nader explicó que las familias afganas, golpeadas por la crisis económica, suelen elegir a una hija cuando deben “vender” a uno de sus hijos para sostener al resto, y que el matrimonio es la vía más común para hacerlo.
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Shahrzad Akbar, fundadora de la organización de derechos humanos Rawadari, con sede en Londres, señaló que la ley talibán redefine el concepto de infancia: considera niño solo a quien tiene menos de nueve años, por lo que una menor de diez, doce o trece años casada ya no entra en esa categoría bajo su marco legal. Según Akbar, la medida revierte las protecciones establecidas por la ley de protección infantil de 2019, sancionada por el gobierno afgano anterior, que fijaba los 18 años como edad legal para el matrimonio.
La decisión llega en un contexto de crecientes restricciones a las mujeres afganas, que ya tienen vedado el acceso a la educación secundaria y enfrentan límites cada vez mayores para trabajar y circular libremente. Según estimaciones de UNICEF, más de un millón de niñas afganas quedaron fuera de la escuela secundaria desde 2021, y la cifra podría superar los dos millones hacia 2030 si las restricciones se mantienen. “Afganistán no puede permitirse perder a las futuras maestras, enfermeras, médicas, partera y trabajadoras sociales que sostienen los servicios esenciales”, advirtió la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.
Akbar advirtió que la exclusión de las mujeres del mercado laboral y la educación empobrecerá aún más a la sociedad afgana y profundizará la dependencia del país de la ayuda humanitaria internacional, en un momento en que esos fondos se reducen a nivel global. Anticipó además un aumento de los matrimonios infantiles, familias más numerosas y mayor presión sobre un sistema de salud que ya enfrenta escasez de personal médico femenino.
Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights Watch, alertó que, de continuar esta tendencia, la próxima generación de afganos “ya no recordará lo que era normal” y la sociedad se volverá “extremadamente misógina”. Abbasi también cuestionó la reciente invitación de la Unión Europea a una delegación talibán para mantener conversaciones en Bruselas, mientras “las mujeres afganas están atrapadas en sus casas” y no pueden circular libremente.
Según Akbar, muchos diplomáticos y funcionarios internacionales subestimaron en un primer momento el alcance de las restricciones talibanas, asumiendo que no se aplicarían plenamente. Cinco años después, sostuvo que los decretos forman parte de “un sistema cohesivo de gobierno y opresión” orientado a radicalizar a la sociedad afgana, y lamentó que cuestiones como la cooperación antiterrorista o los intereses económicos sigan teniendo prioridad sobre los derechos de las mujeres en la agenda internacional.
