Bolivia es presa de un «economicidio» originado por múltiples factores heredados del pasado y exacerbados por los más de 47 días de movilizaciones sociales, bloqueos de caminos y la manifiesta inacción gubernamental. Las consecuencias de este cóctel destructivo se materializarán en una crisis de mayor profundidad durante las siguientes gestiones.
Este «economicidio» se manifiesta crudamente en el fenómeno denominado «infladecrecimiento», concepto acuñado en análisis previos para describir la coexistencia de dos procesos económicos opuestos y devastadores: un proceso inflacionario acelerado junto a un decrecimiento económico sostenido. Se trata de la peor combinación posible para una economía, pues los precios suben mientras la producción y el empleo se contraen, situación agravada por los bloqueos y la desatención al conflicto por parte del Ejecutivo.
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Lejos de ser una teoría abstracta, el «infladecrecimiento» constituye una realidad palpable en el día a día de los bolivianos, evidenciada por la creciente desconexión entre las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el bolsillo de los ciudadanos. Mientras los indicadores oficiales intentan reflejar una inflación controlada, la percepción cotidiana y el desabastecimiento demuestran lo contrario. Los 47 días de bloqueos no solo paralizaron el país, sino que agravaron exponencialmente este fenómeno al estrangular la oferta de bienes y disparar los precios. Todo ello evidencia el agotamiento de un modelo económico que no ha sabido renovarse, y las medidas impulsadas por la gestión de Rodrigo Paz resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.
En este contexto, el «economicidio» no es un hecho coyuntural, sino la consecuencia inevitable del «infladecrecimiento» y de la incapacidad estructural para implementar cambios profundos. La inacción del gobierno de Paz no se limita a la falta de respuesta frente a las protestas, sino que se extiende a la ausencia de una política económica efectiva que pueda sacar al país del atolladero, condenándolo a una prolongada y dolorosa agonía económica.
Paradójicamente, la única actividad productiva verdaderamente exitosa y en expansión en Bolivia es la producción de cocaína y su exportación hacia los países vecinos, con ramificaciones que apuntan al sur del continente, África, Europa y el suroeste de Asia (mal denominado Medio Oriente). Este éxito se debe a la existencia de un Estado que, por acción u omisión, socapa y fomenta el narcotráfico. El reciente caso de exportación de madera impregnada con cocaína a través de Chile, ilustra la incorporación de nuevos actores empresariales —específicamente del sector forestal— a la actividad ilícita, con ramificaciones internacionales que configuran la estructura de un nuevo cartel de narcotraficantes exitosos. De este modo, mientras Bolivia es azotada por el «economicidio», el narcotráfico se vuelve imparable, se diversifica y acumula ingresos extraordinarios que sirven como amortiguador económico en algunos sectores, principalmente aquellos que radican en santuarios ubicados, lamentablemente, en Santa Cruz.
De cara al futuro inmediato —el resto de 2026 y el transcurso de 2027—, el escenario económico y social se perfila aún más sombrío. La erosión acelerada de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la aguda escasez de divisas limitarán drásticamente las importaciones de insumos y bienes de capital, estrangulando el aparato productivo nacional y profundizando la recesión. Esta presión cambiaria anticipa una devaluación escalonada o, en el peor de los casos, un salto brusco del tipo de cambio, lo que golpearía con dureza el ya deteriorado poder adquisitivo de la población.
La inversión privada, tanto nacional como extranjera, continuará su caída libre ante la ausencia de certidumbre jurídica, la inestabilidad macroeconómica y la creciente injerencia del crimen organizado en la economía real. El fisco enfrentará un déficit fiscal creciente que, ante el cierre de los mercados internacionales de crédito y el agotamiento del financiamiento interno, intentará cubrirse mediante la emisión monetaria inorgánica, lo que realimentará la espiral inflacionaria y consolidará el «infladecrecimiento» como un rasgo estructural y no transitorio.
En el plano social, la contracción del empleo formal y la pérdida acelerada del salario real generarán un clima de descontento permanente, haciendo previsibles nuevas oleadas de protestas y conflictos sociales que el gobierno, sin capacidad de mediación ni recursos para paliar la crisis, difícilmente podrá contener. La economía ilícita, liderada por el narcotráfico, no solo se consolidará como el sector más dinámico, sino que comenzará a permear activamente el sistema financiero formal a través del lavado de activos, distorsionando los precios relativos en sectores clave como la construcción, el comercio de lujo y el mercado inmobiliario, especialmente en el eje troncal.
Lejos de vislumbrarse un punto de inflexión, Bolivia se encamina hacia lo que podría calificarse como una «década perdida» en términos de desarrollo humano y crecimiento inclusivo. El Estado, progresivamente capturado por intereses ilegales y paralizado por su propia debilidad institucional, se mostrará incapaz de revertir el colapso, profundizando la fractura entre la economía oficial (reflejada en las estadísticas) y la economía real (la del bolsillo ciudadano y el mercado negro). En dos años, el país podría enfrentar no solo una crisis económica aguda, sino una mutación de su tejido social y político, donde el poder paralelo del narcotráfico termine por imponer sus reglas ante la ausencia de un Estado de derecho efectivo y una política anticorrupción creíble.