El sector salud se declara en estado de emergencia tras denunciar que, en lugar de cerrar la brecha de personal, el nivel central está desvinculando a profesionales de programas nacionales.
Fuente: https://elpais.bo
Mientras hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de Tarija enfrentan una histórica carencia de recursos humanos que supera los 3.000 ítems, el departamento atraviesa una situación que los trabajadores califican como contradictoria, en lugar de fortalecerse la atención médica con nuevas contrataciones, en las últimas semanas se ha denunciado el despido de más de un centenar de trabajadores vinculados a diferentes programas nacionales de salud.
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La situación ha generado que el sector se declare en estado de emergencia y cuestione al Gobierno nacional por presuntamente priorizar criterios políticos antes que las necesidades del sistema público de salud.
La demanda de personal no es nueva. Estudios técnicos realizados en la anterior gestión del Sedes, cuando Nils Casson estaba a cabeza de dicha institución, ya advertía que Tarija requiere al menos 1.141 nuevos ítems para el primer nivel de atención y más de 2.000 profesionales adicionales para los hospitales de segundo y tercer nivel. El crecimiento demográfico, la expansión de la cobertura sanitaria y la creciente demanda de servicios habián profundizado una brecha que, lejos de reducirse, continúaba ampliándose.
La situación resulta especialmente preocupante y explica claramente lo que sucede en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), principal centro de referencia del departamento, donde la saturación de pacientes y el deterioro de la infraestructura han obligado a las autoridades a plantear un plan de recuperación y reforzar los servicios.
Emergencia por despidos
El más reciente reclamo fue realizado por el representante del Sindicato de Trabajadores en Salud de Tarija, Justino Jurado, quien denunció que los despidos afectan a personal de distintos programas financiados por el nivel central, entre ellos Mi Salud, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el Bono Juana Azurduy.
Según explicó, las desvinculaciones no solamente afectan a los trabajadores, sino también a la población que depende de estos servicios.
“Más allá de quiénes sean los despedidos, esto afecta a la institución y afecta la atención a la población”, manifestó.
Jurado aseguró que los espacios laborales dejados por los trabajadores retirados estarían siendo ocupados por nuevas personas vinculadas políticamente al oficialismo, situación que calificó como una estrategia para mostrar una supuesta creación de ítems.
“Están renovando esos ítems con otras personas y haciendo creer que son ítems de nueva creación. Eso es una mentira”, afirmó.
De acuerdo con el dirigente, los despidos superarían las 100 personas en el departamento, incluyendo trabajadores que ni siquiera forman parte de organizaciones sindicales, pero que mantenían una relación laboral directa con el Estado.
Un déficit histórico sin respuesta en Tarija
Las denuncias surgen cuando el propio sistema sanitario reclama desde hace años una mayor asignación de ítems por parte del Tesoro General de la Nación.
Si bien el Gobierno anunció este año la distribución de 2.400 nuevos ítems para todo el país, hasta el momento no existe claridad sobre cuántos serán destinados a Tarija ni cuándo se concretará su incorporación.
La situación se agrava debido a las limitaciones económicas que enfrentan la Gobernación y los gobiernos municipales, instituciones que durante años financiaron contratos con recursos propios para cubrir vacíos dejados por el nivel central.
La caída de ingresos por regalías y transferencias ha reducido la capacidad de las entidades subnacionales para sostener personal eventual, generando una creciente dependencia de los ítems financiados por el Ministerio de Salud.
Cuestionamientos políticos
Desde el sector salud consideran que la discusión sobre los despidos debe formar parte de las mesas de diálogo que el Gobierno mantiene con organizaciones sociales y laborales.
Justino Jurado lamentó que, en lugar de atender el déficit de profesionales, se estén generando movimientos de personal que, a su criterio, responden a intereses políticos.
“La parte política se está manejando. Hoy por hoy no hay ningún ítem por crecimiento vegetativo del departamento ni por gestión de este gobierno”, cuestionó.
En medio de la emergencia declarada, el sector espera que las autoridades nacionales esclarezcan las denuncias de despidos y definan una política de fortalecimiento del sistema sanitario, que priorice la cobertura de vacíos históricos antes que los intereses políticos.
