El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, calificó como un “acuerdo de impunidad” el entendimiento suscrito entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), al cuestionar que no se establezcan responsabilidades por los hechos registrados durante los bloqueos de las últimas semanas.
Vargas sostuvo que no se puede otorgar concesiones a quienes, según afirmó, fueron responsables de movilizaciones que afectaron la libre transitabilidad, la atención médica, el abastecimiento y la actividad económica del país.
“Lo catalogo como un acuerdo de impunidad, porque no puede ser posible que a una persona causante de toda esta desgracia que ha vivido Bolivia se le den concesiones y no se le atribuya ninguna responsabilidad”, manifestó.
La autoridad universitaria señaló que la ciudadanía tiene el derecho de exigir justicia por las muertes, los perjuicios a la salud de personas que no pudieron acceder oportunamente a atención médica, las pérdidas económicas y el cierre de empresas que se habrían producido como consecuencia de los bloqueos.
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En ese marco, el rector pidió que el expresidente Evo Morales sea detenido y sometido a la justicia, a través de las instancias competentes, ante las denuncias que lo vinculan con acciones de desestabilización y hechos de violencia.
“Ahora es tiempo de que el Presidente actúe como debe actuar, con las instancias que correspondan, para que detengan a Evo Morales y sea sometido a la justicia”, expresó Vargas.
Asimismo, consideró que la declaratoria de estado de excepción era una medida esperada por la población, debido a la necesidad de restablecer la libre transitabilidad, garantizar la seguridad ciudadana y permitir que los bolivianos retomen sus actividades laborales y económicas.
“Lo único que quieren los bolivianos es trabajar. Lamentablemente, se han vivido bloqueos criminales que provocaron la muerte de más de 20 personas, afectaron la salud de enfermos que no pudieron acceder a atención médica y ocasionaron graves perjuicios a empresas privadas, muchas de las cuales podrían haber quebrado”, afirmó.
El rector remarcó que el daño económico generado ya está hecho y que el país deberá evaluar sus consecuencias en sectores productivos, empresas, empleos y abastecimiento. Por ello, sostuvo que el estado de excepción debe aplicarse para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, especialmente en lo referido a la libre circulación y la seguridad de todos los bolivianos.
Fuente: Unidad de comunicación UAGRM
