FUERO SINDICAL GARANTIZADO
El acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, establece 29 compromisos orientados a la pacificación del país.

Fuente: https://www.erbol.com.bo
Entre los principales puntos figuran la promesa de no privatizar empresas públicas estratégicas, no impulsar procesos de persecución política o judicial contra dirigentes sindicales, garantizar el fuero sindical, socializar con los sectores sociales los proyectos normativos antes de su envío a la Asamblea Legislativa y cumplir las ofertas planteadas durante la campaña electoral.
Estos compromisos fueron asumidos como parte de las condiciones acordadas para poner fin a la crisis social y política que se prolongó durante 50 días de bloqueos de caminos y protestas.
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Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores que cuestionaban al Gobierno por presuntos incumplimientos de compromisos electorales y por la exclusión de organizaciones sociales que respaldaron la candidatura del binomio Rodrigo Paz–Edmand Lara.
En el documento, el Gobierno se compromete a no impulsar ninguna norma que criminalice la protesta social (ley antibloqueos), y a no promover persecuciones políticas o judiciales contra dirigentes sindicales, quienes además contarán con garantías reforzadas para el ejercicio de sus funciones sindicales.
Asimismo, Rodrigo Paz asumió el compromiso de cumplir el programa de gobierno presentado durante la campaña electoral y de promover mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos ante la población.
Otro de los puntos centrales señala que el Gobierno no privatizará empresas públicas estratégicas ni entregará recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
En materia de financiamiento externo, el acuerdo establece que el Gobierno transparentará toda negociación, crédito o convenio con organismos internacionales y que no aceptará imposiciones ni condicionamientos de Estados, bancos, instituciones financieras nacionales o extranjeras, organismos multilaterales o empresas transnacionales.
Asimismo, se compromete a resguardar la soberanía nacional y evitar cualquier forma de injerencia extranjera.
Respecto a la distribución de recursos bajo la propuesta del “50/50”, el Ejecutivo impulsará de manera inmediata una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes, aclarando que la educación y la salud continúan siendo responsabilidades del Estado, conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado.
El acuerdo también contempla garantizar el abastecimiento de combustibles, mantener estándares internacionales de calidad, fortalecer la producción nacional de hidrocarburos y preservar la sostenibilidad de la política interna de precios para proteger la economía de las familias bolivianas.
En el ámbito legislativo, el Gobierno nacional se compromete a promover mecanismos previos de socialización, participación y consulta para la elaboración de normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial.
Antes de remitir proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, deberá socializar su contenido con los sectores involucrados y, cuando corresponda, aplicar los mecanismos de consulta previstos para pueblos indígena originario-campesinos, de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente.
En materia económica y laboral, el Ejecutivo impulsará medidas urgentes destinadas a proteger la canasta familiar, preservar el salario real y resguardar las fuentes de empleo. Estos temas serán abordados en mesas de trabajo específicas para analizar el pliego de demandas de la COB y los pliegos sectoriales.
Finalmente, el Gobierno aceptó iniciar de manera inmediata la revisión de la Ley N.º 065 de Pensiones, incorporando criterios de sostenibilidad financiera, estudios actuariales, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los derechos de los trabajadores.
PUNTOS DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO PARA LA PACIFICACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS ORGÁNICAS Y PACIFICACIÓN
1) El Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta.
2) El Gobierno nacional no realizara persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas.
3) El Gobierno nacional reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y garantiza el respeto a su estructura orgánica, al FUERO SINDICAL y sociales.
4) Se conformó una comisión legal compuesta por representantes del Órgano Ejecutivo, Central Obrera Boliviana, coadyuvada por el Ministerio Público en el marco de sus competencias con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos, revisión de los procesos en los conflictos.
5) El Gobierno nacional rechaza toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, sectores populares, trabajadores o cualquier ciudadano. Toda denuncia concreta será remitida a las instancias competentes para su investigación.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONTROL SOCIAL
1) El Gobierno nacional cumplirá su programa de gobierno presentado en campaña electoral.
2) El Gobierno nacional ratifica su compromiso de cumplir la normativa electoral vigente, así como los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes.
3) Asimismo, el Gobierno nacional promoverá mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos ante la población.
SOBERANÍA ECONÓMICA Y DEFENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS
1) El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
2) El Gobierno nacional reafirma su compromiso en el marco de la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, realizar las gestiones e inversiones correspondientes en el sector productivo minero asalariado, asimismo dando la garantía jurídica y social.
3) Respecto al financiamiento externo, el Gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano, asimismo se cumplirá el art. 320 de la CPE que ordena el estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptara imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos, o instituciones financieras boliviana o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.
4) Sobre la distribución de recursos bajo la premisa del 50/50, el Gobierno nacional impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes de manera inmediata, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado. Aclarando que la educación y salud es responsabilidad del estado, según la CPE Art. 77.
TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBERANA
1) El Gobierno nacional no permitirá la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional.
2) El Gobierno nacional apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado «narco maderas» o droga incautada en Chile, a efectos de identificar responsabilidades, fallas de control estatal, redes de corrupción y medidas institucionales de prevención.
3) Respecto al caso denominado «narco maletas», el Gobierno nacional deja constancia de que ya se conformó una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cual se brindará la cooperación institucional correspondiente, dentro del marco legal y la reserva investigativa cuando corresponda.
POLÍTICA DE HIDROCARBUROS Y RESARCIMIENTO TÉCNICO
1) El Gobierno nacional se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas.
2) El gobierno nacional presentara un informe en detalle del resarcimiento y compensaciones de daños y perjuicios ocasionados por la gasolina basura.
3) El gobierno nacional realizará una auditoría técnica / financiera externa independiente, misma que será mediante una empresa auditora internacional de prestigio, en el marco de la trasparencia para identificar los responsables de la adquisición de la denomina gasolina basura.
4) Asimismo, se instalará una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente transporte, para verificar la calidad del combustible, los daños reportados, la relación causal y las medidas adicionales que correspondan, de manera inmediata.
SOCIALIZACIÓN LEGISLATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
1) El Gobierno nacional promoverá previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
2) Esta socialización se realizará respetando las competencias constitucionales del órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
3) En el caso de medidas que afecten directamente a pueblos indígena originarios campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan conforme a la Constitución y la normativa aplicable.
CANASTA FAMILIAR, DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
1) El Gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.
2) Respecto al sistema de pensiones, el Gobierno nacional se compromete a conformar una comisión técnica, de manera inmediata, para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones, con criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.
3) El Gobierno nacional también se compromete a conformar mesas de trabajo de manera inmediata para abordar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos, priorizando temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social, bajo una agenda de trabajo en coordinación con la Central Obrera Boliviana.
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA INTERNACIONAL PACIFISTA
1) El Gobierno nacional convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo, de manera inmediata, para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.
2) Asimismo, el Gobierno se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derecho colectivo conforme a la CPE y normativa ambiental.
3) El Gobierno ratifica que toda actividad económica deberá respetar la Constitución Política del Estado, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, la protección de la Madre Tierra y el interés nacional.
4) Asimismo, el Gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.
Aclaración:
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir todos los puntos anteriores en tiempos y plazos oportunos que no excedan hasta los 90 días.
