El 17 de abril de 1952, seis días después del triunfo revolucionario del MNR se fundó la Central Obrera Boliviana. Era la culminación de un largo, doloroso y heroico proceso de construcción de un movimiento proletario que representara a la totalidad de los trabajadores bolivianos. Es la principal central sindical en Bolivia. Su ideología política tiene raíces sindicalistas y su orientación ideológica marca la defensa de los derechos fundamentales laborales, hoy sigue siendo el referente de los trabajadores del país, pero su esencia ha sido deteriorada y su representación se ha erosionado luego de 50 criminales días de bloqueo al país. Lo que comenzó con una reivindicación salarial terminó con un brutal ataque a la democracia propiciando un golpe de Estado al pedir la renuncia del presidente. No consiguió ni lo uno ni lo otro.
A medida que los golpes de Estado tradicionales se han vuelto más raros, la subversión liderada por Mario Argollo, líder de la COB, no escapa a la lista al iniciar un proceso gradual para que el régimen político pierda sus características y el sistema se encamine hacia una autocracia donde el poder se concentre en un grupo de personas sin controles institucionales y sin rendición de cuentas. Todos los que han sido elegidos democráticamente saben del riesgo que su representación ha sufrido al verse muy cerca del golpe, propiciado paradójicamente por aquellos que los eligieron y que presionan al régimen castigando al pueblo al que supuestamente dicen defender. El hilo conductor en este episodio permaneció oculto detrás de algo que luego se hizo evidente, alterar el orden democrático y los líderes de las acciones delictivas buscan eludir en su mayoría la imposición de sanciones judiciales efectivas, como si se tratara de hechos exitosos que dan lugar a nuevos autócratas que gozan de inmunidad mientras están en el cargo.
Muchas han sido las preguntas y pocas las respuestas a los dilemas a los que nos sometieron, la principal replica reside en los tribunales de justicia que deben ofrecer lecciones de soluciones para la democracia amenazada. La combinación estratégica de determinación y cautela de los tribunales ilustra cómo el poder judicial puede limitar a los que se oponen a la democracia en la práctica. Sin embargo, también sabemos que los tribunales no pueden hacerlo todo, se enfrentan a complejidades y deben evitar conflictos con miembros políticos influyentes que podrían poner en peligro los esfuerzos por contener a un pseudo líder populista. Tampoco pueden actuar solos, sus acciones deben coordinarse con las de la sociedad civil, los partidos políticos, los legisladores y los medios de comunicación para posibilitar la rendición de cuentas ante la ley. Estos perpetradores no pueden prosperar bajo el nuevo régimen y no pueden ser perdonados tras su colapso, no hay indultos ni se deben beneficiar de amnistías. Hubo un intento de golpe y debe ser castigado como tal.
A diferencia de lo que piensa la mayoría, las tomas de poder se desarrollan mediante la captura gradual de instituciones al socavar los controles y los equilibrios internos. Y eso es lo que ha pasado. En su momento, los bloqueadores ignoraron por completo los límites constitucionales. Cabría esperar, por lo tanto, que las violaciones más flagrantes del orden constitucional fueran más fáciles de castigar. No puede ser que la evidencia comparativa muestre que estos ataques más visibles a la democracia no resulten en condenas. Muchos han sido juzgados y condenados por corrupción, violaciones de derechos humanos y actos de violencia política, pero las sentencias por subvertir la democracia deben de dejar de ser raras o inexistentes. Hubo intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, participación en una organización criminal armada, daños calificados y deterioro de bienes patrimoniales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los determinantes clave del retroceso democrático muestran que, cuando los tribunales nacionales son independientes, la democracia tiene menos probabilidades de declinar. El comportamiento judicial, por lo tanto, es fundamental para la resiliencia democrática: cómo responden los tribunales ante las amenazas de ciertos “poderes” y las compensaciones que implican esas respuestas. Las decisiones concretas que tomen los jueces, y sus consecuencias políticas, ayudan a explicar por qué algunas democracias resisten las presiones autoritarias. La salvaguarda de la democracia depende de la coordinación entre los contendientes políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil e incluso los gobiernos extranjeros. Sería ingenuo pensar que un solo tribunal podría contener a un dirigente, supuestamente respaldado por amplios sectores de la población. El poder judicial debe preservar su autoridad y contribuir a que la legislación se oriente hacia la defensa de las normas democráticas en lugar de permitir su erosión. Una iniciativa clave puede ser la aprobación de una ley sobre «crímenes contra la democracia».
La experiencia subraya los dilemas persistentes que enfrenta nuestra democracia ante líderes autocráticos como Argollo. La lección principal es clara, los tribunales no pueden esperar a que un autoritario populista abandone el cargo para actuar; para entonces, puede ser demasiado tarde. Sin embargo, la eficacia exige equilibrar la firmeza con la moderación, eligiendo sabiamente las batallas. También exige reconocer, de manera bastante obvia, que los tribunales no pueden ser los únicos baluartes contra el retroceso democrático. Alguien tiene que pagar los costos de los 50 días de bloqueo, las muertes y el fatal deterioro económico en el país.
Mgr. Fernando Berríos Ayala