Tras la declaratoria del estado de excepción y después de 51 días de bloqueos, el desafío del Gobierno nacional, además de trabajar en recuperar la economía, deberá buscar reconstruir la confianza de consumidores, empresarios e inversionistas nacionales e internacionales, aseguró el economista Fernando Romero.
Fuente: El Diario
De acuerdo con su análisis, “el principal desafío para Bolivia no es únicamente recuperar las pérdidas económicas inmediatas, sino reconstruir la confianza de consumidores, empresarios e inversionistas nacionales e internacionales”.
Aseguró que agroindustriales, mineros, comerciantes, transportistas, además del sector turismo e industrial requerirán varios meses para normalizar sus actividades, mientras que la recuperación financiera y reputacional del país podría tomar más tiempo.
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En este escenario, el Decreto Supremo 5636, que declara estado de excepción, busca restablecer el orden público, garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y reducir los daños económicos derivados de la conflictividad social, constituyéndose en una medida extraordinaria frente a una situación de conmoción interna. Según Romero, su efectividad dependerá tanto de la recuperación de la transitabilidad como de la capacidad de generar estabilidad institucional y confianza económica.
Por lo que, el estado de excepción debería complementarse con un plan integral de estabilización que incluya apoyo a los sectores productivos, fortalecimiento de las reservas internacionales, disciplina fiscal gradual, reactivación de la inversión pública eficiente y mecanismos permanentes de diálogo social y político.
“La principal conclusión es que la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la cooperación entre el Gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías y los sectores productivos serán fundamentales para reducir los efectos de esta crisis y sentar las bases de una recuperación económica sostenible e inclusiva”, apuntó el economista.
Desde una perspectiva objetiva, el estado de excepción puede contribuir a contener los daños inmediatos si logra restablecer la transitabilidad y el abastecimiento; sin embargo, la recuperación sostenible dependerá de un programa integral de estabilización económica, fortalecimiento institucional y construcción de consensos políticos y sociales que permitan reducir la conflictividad estructural y recuperar gradualmente la confianza de la población y de los mercados nacionales e internacionales, explicó Romero.
Es decir, ahora el principal riesgo para Bolivia no es únicamente la pérdida económica inmediata cercana a los $us 3.000 millones, sino el impacto acumulativo sobre las expectativas de inversión, la estabilidad macroeconómica y la credibilidad institucional.
En una economía con reservas internacionales de limitada liquidez, un déficit fiscal superior al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda pública cercana al 90% del PIB y una proyección de contracción económica para 2026, prolongar la incertidumbre podría generar efectos persistentes sobre el crecimiento, el empleo y la pobreza.
Fuente: El Diario