La presidenta del ente legislativo, María René Álvarez, anunció acciones concretas ante la inseguridad jurídica y la recurrente vulneración de derechos, instando al Gobierno nacional a cumplir su rol constitucional para restaurar la paz social.
Fuente: ALD de Santa Cruz
Ante la persistente inseguridad jurídica generada por los avasallamientos en la zona de San Julián, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, enfatizó la urgente necesidad de que el Gobierno nacional ejerza su autoridad para restablecer el Estado de derecho. La legisladora señaló que la falta de acciones concretas tras más de 50 días de bloqueos ha fomentado un clima de impunidad, afectando gravemente la economía, la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos bolivianos.
Álvarez subrayó que el Estado de excepción vigente no debe limitarse a una medida simbólica, sino que debe traducirse en resultados tangibles, incluyendo la identificación y sanción inmediata de los responsables de la violencia y la destrucción de la propiedad. La presidenta de la ALD instó a las autoridades competentes a llevar ante la justicia a quienes han incitado estos conflictos, subrayando que la restitución del orden público depende estrictamente del cumplimiento efectivo de la ley y de la investigación de los delitos cometidos en este periodo.
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Como respuesta proactiva ante esta coyuntura, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz presentará la próxima semana una propuesta de «Ley Antibloqueo». Esta normativa, diseñada para aplicarse a nivel departamental, busca establecer un marco legal que garantice la libre circulación y la protección de las instituciones contra acciones violentas. La presidenta Álvarez hizo un llamado enfático a los asambleístas nacionales para que esta iniciativa sea replicada a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando su viabilidad y necesidad urgente para evitar la recurrencia de estas prácticas delincuenciales.
Finalmente, la autoridad reafirmó el compromiso de la Asamblea Departamental de actuar dentro de sus competencias para proteger la estabilidad de la región. Álvarez concluyó advirtiendo que la pasividad ante estos hechos solo prolonga la indefensión de la ciudadanía, por lo que urgió al Poder Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para garantizar la paz social y demostrar que el Estado es capaz de proteger a su población sin permitir que los bloqueos se conviertan en una cortina de humo que normalice la violencia.