El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Carlos Spencer Arancibia, acudió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el propósito de impulsar la celeridad en el tratamiento de dos proyectos de ley orientados a fortalecer la administración de justicia y agilizar los procesos disciplinarios dentro del Órgano Judicial.
Fuente: PRENSA CM.-
La autoridad explicó que una de las propuestas está destinada a la creación de aproximadamente 300 juzgados con personal completo a nivel nacional, medida que permitirá ampliar la cobertura judicial, reducir la carga procesal y mejorar la atención a la población litigante.
El segundo proyecto tiene como finalidad fortalecer el régimen disciplinario aplicable a los administradores de justicia, agilizando el tratamiento de faltas leves, graves y gravísimas, con el objetivo de evitar la impunidad, mejorar los mecanismos de control institucional y responder de manera más efectiva a las denuncias de la ciudadanía.
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El Presidente señaló que ambas iniciativas buscan enfrentar problemas estructurales de la ley 025, que conlleva la mora procesal, la retardación de justicia y la sobrecarga de causas en los distintos juzgados del país.
Asimismo, destacó que la aprobación de estos proyectos permitirá contar con más jueces y mejores mecanismos disciplinarios, sin generar costos adicionales para el Estado, contribuyendo a una justicia más oportuna, eficiente y cercana a la población. El Presidente del Consejo de la Magistratura anunció que remitirá una nota formal a la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitando que dicha instancia se pronuncie respecto a la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el objetivo de analizar y viabilizar las modificaciones necesarias a la Ley 025 del Órgano Judicial.
“El objetivo principal es responder a la población boliviana, que exige una justicia más rápida, transparente y efectiva”, remarcó la maxima autoridad del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura reiteró su compromiso de impulsar reformas institucionales que permitan mejorar el servicio judicial, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una administración de justicia acorde a las necesidades del país.