Cívicos cruceños formalizarán denuncia contra impulsores de los bloqueos la próxima semana


Desde el Comité pro Santa Cruz también abogan por la aprobación de una ley antibloqueos, tema que se encuentra al interior de la Asamblea Legislativa a la espera de tratamiento
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Argollo y Salazar fueron citados por la dirigencia cívica

Fuente: Unitel

Yerko Guevara



El Comité pro Santa Cruz prevé formalizar la próxima semana la denuncia anunciada contra quienes considera responsables de los bloqueos de carreteras que afectaron al departamento y al país entre mayo y junio, la cual será presentada en la ciudad de Santa Cruz.

“Después de un directorio, se decidió trabajar en demandas que se harán contra el delincuente Mario Argollo (secretario ejecutivo de la COB), de Vicente Salazar (líder de los campesinos Túpac Katyari) y como el narcotraficante Evo Morales (líder de los cocaleros del trópico)”, señaló el presidente cívico Stello Cochamanidis.

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El dirigente sostuvo que las denuncias serán presentadas en Santa Cruz debido a las afectaciones que impactaron en la actividad económica y productiva del departamento, además de generar consecuencias en distintas zonas del país.

“También los cruceños y todos los bolivianos que viven en Santa Cruz nos hemos visto afectados por las decisiones políticas de estos delincuentes. Entonces, aquí también hay cómo justificar eso. La cadena productiva se ha roto acá. Entonces, estos delincuentes tendrán que rendir cuentas acá en Santa Cruz como corresponde”, expresó el dirigente.

En paralelo a este asunto, el dirigente volvió a plantear la necesidad de aprobar una ley antibloqueos, iniciativa que actualmente permanece a la espera de tratamiento en la Asamblea Legislativa, exhortando tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores a tratar la propuesta y viabilizar su aprobación.

Según señaló, existen varios proyectos relacionados con esta temática, lo que a su criterio refleja la necesidad de establecer una normativa específica sobre este tipo de medidas de presión, donde se determinen responsabilidades y alcances concretos para evitar que los bloqueos vuelvan a generar perjuicios económicos y sociales.