Diputada denuncia que principales actores de las movilizaciones recibieron “dádivas millonarias” en los gobiernos del MAS


Adriana Jiménez (Libre) afirma que durante los gobiernos del MAS –de Evo Morales y Luis Arce– se destinó importantes montos a las organizaciones sociales.

La diputada de Libre Adriana Jiménez / Brújula Digital

Fuente: Brújula Digital



La diputada de Libre Adriana Jiménez afirmó este jueves que detrás de los bloqueos de caminos que se extendieron por más de 50 días se encuentran organizaciones que, según sostuvo, fueron beneficiadas con “dádivas millonarias” durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Se ha generado un daño económico millonario al país gracias a las prebendas que se tenía a todos los sectores sindicales, a la Central Obrera Bolivia (COB) a las Bartolinas, a el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que han sido los principales secuestradores de este país, dañando la economía”, denunció la legisladora.

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Jiménez mencionó que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce se destinó importantes recursos a organizaciones sociales. Entre los casos citó la compra de una sede para la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba por 725.000 dólares, la adquisición de una sede para la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, por más de 657.000 dólares, y una inversión superior a los 50.000 dólares para la remodelación de un centro social fabril. “En el municipio de La Paz, (se hizo) la compra de un bien inmueble para Conamaq por más de 140.000 dólares”, aseguró.

Entre otros ejemplos, mencionó la adquisición de vehículos para la Federación de Gremiales y la COR de El Alto por más de 100.000 dólares. Asimismo, señaló la compra de un inmueble para la COR de El Alto por 160.000 dólares y la adquisición de otro inmueble para la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), en Oruro, por más de 140.000 dólares.

Y siguió enumerando: “la construcción de un muro perimetral del Complejo Fabril en Oruro, más de 110.000 dólares. En Potosí, la construcción de un edificio para la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, más de 227.000 dólares. La compra de una sede sindical para las cuatro provincias del norte Bartolina Sisa, más de 194.000 dólares”, afirmó, y aseguró que todas estas compras se hicieron con recursos públicos, generando un daño económico “millonario” al país.

“Nosotros estamos presentando una denuncia por daño económico al Estado y estamos exigiendo y conminando a las autoridades que después de tanto perjuicio económico, pues, se llegue a tener a los responsables, se pueda procesar de manera penal también a todos los funcionarios de la anterior gestión que han transferido bienes”, agregó.

Jiménez indicó que “es el colmo” que organizaciones que han “obtenido semejantes favores y beneficios”, bloqueen en país y causen un daño económico. No obstante, la asambleísta no mencionó qué normativa o ley se contravino al realizar obras e inversiones o entregar bienes a los mencionados sectores.

La referencia de Jiménez es que algunos de los sectores beneficiados con proyectos en los anteriores gobiernos participaron en los más de 50 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras que generaron serias pérdidas económicas y perjuicios a la población.

BD/AGT/MZS