Auditoría. La Gobernación de Santa Cruz derivó el caso al ente de control tras detectar indicios en algunos trabajos en el Tahuichi. Una comisión de expertos de la Contraloría llegará al departamento y el proceso demandará entre dos y tres meses.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
La Gobernación de Santa Cruz informó este viernes el inicio del proceso de auditoría a los contratos de las obras ejecutadas en el estadio Ramón «Tahuichi» Aguilera, una labor que estará a cargo de la Contraloría General del Estado, luego de concluir la evaluación técnica e institucional realizada por la administración departamental.
Durante una conferencia de prensa, el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, explicó que la auditoría constituye la siguiente etapa del debido proceso, tras los informes elaborados por la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico que identificaron indicios que ameritan una revisión especializada por parte del ente de control.
“Esta es una etapa formal y responsable de esta administración. No estamos buscando una vendetta política ni un show; estamos buscando que las cosas se hagan bien y que, si existen responsabilidades, se restituyan los daños y los responsables enfrenten las acciones que correspondan conforme a la ley”, afirmó Schrupp.
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Agregó que la revisión se centrará en cuatro componentes de las obras ejecutadas: el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas, la cancha, la parte estructural del estadio y las intervenciones realizadas en los palcos.
Por su parte, el gerente departamental de la Contraloría General del Estado, Glauco Montero, informó que desde este viernes comenzó el trabajo de auditoría, que comprenderá la revisión de la documentación contractual y la inspección técnica de las obras ejecutadas.
Montero explicó que el equipo estará conformado por ingenieros especializados que llegarán desde La Paz y que el proceso demandará aproximadamente entre dos y tres meses.
La autoridad precisó que, una vez concluida la auditoría, la Contraloría determinará si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
A su turno, el secretario departamental de Desarrollo Económico, Roberto Gil, señaló que la decisión de solicitar la intervención de la Contraloría se sustenta en informes técnicos elaborados por la Sociedad de Ingenieros, empresas especializadas y el equipo técnico de la Gobernación.
«Existen varios indicios identificados; sin embargo, será la Contraloría la instancia encargada de determinar y respaldar técnicamente cualquier responsabilidad», manifestó.
La Gobernación reiteró que el objetivo del proceso es garantizar transparencia, resguardar los recursos públicos y que la investigación se desarrolle con estricto apego al debido proceso y a la normativa vigente.