La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) sostiene que la decisión judicial incumple el mandato constitucional porque la resolución de amparo que les beneficiaba no exigía únicamente una modificación formal del fallo previo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones procesales detectadas por la jurisdicción constitucional.
Fuente: ANF / La Paz
Tras más de una semana del “caso Zapatero”, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), miembro del grupo empresarial peruano Gloria, emitió un comunicado para rechazar un “grave e injusto daño” económico que le provoca el Auto Supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que rechaza el recurso de casación que presentó esa empresa.
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La semana pasada, la Policía de España presentó un informe que reveló que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones en Bolivia para que el grupo peruano salga beneficiado en una disputa legal con la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa).
Sus conversaciones con autoridades de alto nivel en 2025 presuntamente propiciaron que un fallo constitucional determine que Soboce no pague a Fancesa la suma de Bs 744 millones por el conflicto.
Según las investigaciones de las autoridades españolas, ese veredicto fue gracias a las influencias que movió Zapatero en su visita a Bolivia, muy amigo del entonces presidente Luis Arce y de los gobiernos socialistas en América Latina, y por ese “servicio” habría cobrado 200.000 euros del grupo empresarial peruano.
Tras el escándalo de presunto tráfico de influencias y otros delitos, Soboce decidió no pronunciarse, pese a que la ANF intentó obtener su versión por las acusaciones. Sin embargo, la reacción de la empresa no fue por el “caso Zapatero”, sino por el Auto Supremo 1190/2026 que indica que “las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes”, lo que ratifica un fallo previo de 2023 que ordena pagar a Fancesa Bs 744.315.432 por incurrir en competencia desleal.
Mediante un comunicado difundido este lunes, Soboce expresó su “formal y profunda disconformidad” con la decisión judicial y sostuvo que el fallo fue emitido en un contexto de “amedrentamiento en Chuquisaca y a nivel nacional”.
La empresa señaló que el nuevo auto supremo desconoce la tutela concedida previamente por una Sala Constitucional, que supuestamente había identificado vulneraciones al debido proceso en una resolución anterior del propio Tribunal Supremo y ordenó la emisión de un nuevo fallo.
Según Soboce, la decisión judicial incumple el mandato constitucional porque la resolución de amparo que les beneficiaba no exigía únicamente una modificación formal del fallo previo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones procesales detectadas por la jurisdicción constitucional.
La empresa del grupo peruano anunció que activará nuevas acciones legales y agotará todas las instancias jurisdiccionales y constitucionales disponibles para impugnar la determinación. Además, recordó que el Estado boliviano tiene una deuda pendiente desde hace más de 16 años el pago de una indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa mediante el Decreto Supremo 0616 de septiembre de 2010.
Según Soboce, el verdadero objetivo de fondo es no pagar los 290 millones de dólares por la expropiación de las acciones.
