Walter Rioja, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, afirmó que las investigaciones deben basarse en criterios científicos y no solo en pruebas presuntivas de campo. También advirtió que las demoras afectan exportaciones, mercados internacionales y más de 200.000 empleos directos e indirectos.
Fuente: Red Uno
La Cámara Forestal de Bolivia pidió que el caso denominado “narcomaderas” sea sometido a un peritaje internacional, con el objetivo de esclarecer si existió o no impregnación de sustancias ilícitas en cargamentos de madera boliviana.
Walter Rioja, gerente general de la institución, explicó que las maderas tropicales utilizadas por la industria forestal boliviana son de alta densidad y están clasificadas por normativa europea como maderas no impregnables, por lo que considera necesario que cualquier investigación se sustente en pruebas científicas especializadas.
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Según Rioja, las pruebas rápidas de campo, como el test Scott, son únicamente presuntivas y no pueden ser utilizadas como criterio definitivo para establecer responsabilidad.
Piden pruebas de laboratorio
El representante de la Cámara Forestal señaló que, para llegar a una conclusión técnica, se deben realizar análisis de laboratorio especializados, como espectrometría de masas, en centros certificados a nivel internacional.
“Consideramos que toda investigación tiene que estar basada en la rigurosidad científica, principalmente”, afirmó Rioja.
Indicó que la solicitud de pericia internacional ya fue planteada por el sector y que esperan que se realicen todas las verificaciones necesarias para esclarecer el caso de manera contundente.
Exportaciones son revisadas al 100%
Rioja informó que actualmente toda exportación de madera en Bolivia está siendo sometida a controles del 100%, con pruebas de campo y envío de muestras a laboratorio.
Sin embargo, cuestionó que esta medida se esté aplicando sin que exista hasta el momento una acusación formal o una conclusión definitiva contra alguna empresa boliviana.
“No se ha emitido ningún tipo de acusación formal ni se ha comprobado nada en relación a alguna empresa boliviana”, sostuvo.
El gerente de la Cámara Forestal remarcó que debe respetarse el principio de presunción de inocencia y que las operaciones del sector deberían continuar con normalidad mientras avanza la investigación.
Advierten daño económico y social
Rioja afirmó que las demoras y revisiones están generando perjuicios para el sector forestal, especialmente en los tiempos de exportación y en la confianza de los mercados internacionales.
Advirtió que esta situación contribuye a un daño reputacional para toda la industria, pese a que aún no existe un veredicto sobre el caso.
El representante forestal señaló que el sector genera más de 200.000 empleos directos e indirectos en el país, principalmente en áreas rurales y comunidades indígenas.
Además, indicó que las comunidades indígenas son propietarias de gran parte de las áreas forestales y proveedoras de la mayor parte de la madera que se produce en Bolivia.
Esperan comisión internacional
Rioja sostuvo que el sector espera la conformación de una comisión internacional anunciada por autoridades nacionales, en la que participarían organismos internacionales y entidades especializadas.
Afirmó que la Cámara Forestal no defiende a ninguna persona o empresa en particular, pero exige que la investigación sea imparcial y que, si se comprueba algún ilícito, los responsables sean sancionados conforme a la ley.
“Si alguien efectivamente está en un ilícito, debe ser castigado conforme la ley, pero esto debe hacerse de manera personalísima”, señaló.
Piden no afectar a todo el sector
El gerente de la Cámara Forestal remarcó que un hecho ilícito, si llegara a comprobarse, no debe extenderse como responsabilidad sobre todo el sector forestal boliviano.
También explicó que la industria forestal cuenta con sistemas de trazabilidad mediante certificados forestales de origen, que permiten identificar el punto exacto de procedencia de la madera.
Rioja aseguró que el sector está abierto a nuevas medidas de control, pero pidió que estas sean analizadas técnicamente y no aplicadas “al calor del momento”, para evitar mayor burocracia y perjuicio al comercio legal.